El pasado 30 de diciembre, la presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC), magistrada Leyla Lemus, realizó una convocatoria urgente a los magistrados titulares para analizar nueve amparos interpuestos contra el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.
Tras revisar los planteamientos presentados, el tribunal determinó la existencia de inconstitucionalidades, lo que derivó en la suspensión de la aprobación del presupuesto. En consecuencia, el Organismo Ejecutivo deberá operar con el presupuesto vigente correspondiente al ejercicio fiscal 2025, mientras se resuelve el fondo del caso.
Luego de esta resolución, el Gobierno de Guatemala informó, a través de un comunicado oficial, que actuará en el marco de la legalidad para garantizar la continuidad de los servicios públicos, mediante la aplicación del presupuesto vigente.
“En el mes de enero, se trasladará al Congreso de la República una iniciativa de ley que modifique el presupuesto para adecuarlo a los desafíos económicos, sociales e institucionales propios del 2026, así como a los resultados establecidos para el tercer año de gobierno.”
Destacaron que la iniciativa que será presentada busca reforzar áreas prioritarias como la salud, seguridad, educación, empleo y desarrollo, en beneficio de la población guatemalteca.
