En ALas845 hablamos de, “Corte de Constitucionalidad en la encrucijada: segunda vuelta, allanamientos y legitimidad”.
Los invitados en el espacio fueron Arturo Miranda, analista jurídico; Ángel Pineda, secretario general del MP; y Enrique Möller, abogado y notario, con posgrado en Derecho Procesal Constitucional.
En el análisis se discutió la segunda vuelta de la elección del representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) ante la Corte de Constitucionalidad, el impacto jurídico e institucional de los allanamientos realizados por el Ministerio Público por orden judicial en los centros de votación, y el panorama político-legal de este proceso de elección de segundo grado.
Origen de allanamientos en elección del CANG
Möller inició felicitando al gremio de abogados pese a los hechos que se dieron. “Venimos de un sistema clientelar a una toma de conciencia. Se critican los sistemas sin conocer, y las elecciones de segundo grado son un privilegio”, dijo.
Miranda por su lado, señaló que la verdadera elección democrática se realiza en el CANG. “Es donde se puede elegir democráticamente, porque en los otros son muchos menos miembros que eligen con criterios distintos que no son propiamente democráticos. Pero ya se toma la tónica de judicializar los procesos. El abuso de recursos jurídicos deben de parar, pues quien castiga o premia es con el voto. Quien acciona judicialmente es quien tiene una preferencia”, dijo.
Pineda, consultado por los allanamientos de hoy, aseguró que estos se derivaron de una denuncia la semana pasada sobre la entrega de carnets para votar en calidad de abogados, señalando a la presidenta del CANG, Patricia Gámez. “La intención fue de secuestrar dispositivos móviles. Un ciudadano guatemalteco denuncia y se acumula a otras que generan este actuar del MP. No se interrumpió la votación y no se secuestran papeletas o urnas, y solo se estuvo acompañando el proceso para garantizar que no se usaran estos documentos falsos”, señaló.
Ahora, por la orden de la CC sobre respetar los procesos electorales y los resultados, Pineda añadió que “había mucha desinformación” alrededor de la resolución.
“La resolución genera lo que ya está establecido en ley. Dice que el MP hará su trabajo y que entregue resultados y al CANG que garantice el evento”, expresó.
Sobre si está justificado el momento de los allanamientos, Pineda añadió que la denuncia menciona “documentos falsos para hacerse pasar por abogados”. “Se habla de hasta 3 mil carnets falsificados para que la gente vote. No puede documentarse mañana porque las personas ya no están allí. Por eso el allanamiento fue de inspección. Cuando se permita extraer la información de los teléfonos algo encontraremos. Llama la atención que Gámez dijo que no tiene un celular”, indicó.
Pineda además criticó los “juicios de valor” que se emiten, pues asegura que la investigación es la que descubrirá “la verdad”.
Los “tiempos” y suspicacias en acciones del MP
Miranda recordó que el juez es el que autoriza diligencias y añadió que “ante las posibles evidencias” autoriza la intervención en prevención de un “daño mayor”. “Además, se tiene el peligro de desaparecer los medios de convicción. Lo otro es que a nivel social es subjetivo. Muchas opiniones no son apegadas a derecho. Esto nunca se había dado pero el MP tiene la obligación de investigar, sean 3 mil o una denuncia: El procedimiento para llegar a averiguar la verdad es lo que genera suspicacia”, dijo.
Möller dijo que “no se da el privilegio” de pensar bien. “Una clave es la proporcionalidad de la medida que se toma, cuando es ordenada por un juez. Allí sí hay antecedentes de abuso de procesos. No nos sorprendamos que la opacidad de una investigación que nadie conoce, y que solo le debemos dar el crédito a lo que el funcionario nos dice. El impacto fue el número de personal del MP que llegó en un evento electoral, y es algo que lo altera. Hay formas mucho más sutiles y de menos impacto, proporcionales para estas acciones”, señaló.
Sobre el supuesto de que hubo 3 mil votos falsos y sobre la no presencia de Astrid Lemus durante toda la jornada electoral, Miranda dijo que él “tampoco hubiera ido” teniendo el impacto mediático de los hechos que pasaron. “El resultado es dela fiesta electoral y democrática en el CANG. Si estuvo o no un candidato no variará el resultado. Ahora, la presidenta que nos representa (Gámez), creo que sí fue denigrada en la investidura, y el procedimiento fue exorbitante para alguien que nos representa”, indicó en relación a que fue “revisada” por fuerzas de seguridad para secuestrar su teléfono celular.
Pineda respondió sobre las críticas de la reserva, y aseguró que sí existe por ley ante la población en cualquier proceso, y también respondió a las críticas sobre la “proporcionalidad”. “Ya lo verán en los días que se vienen, cuando se extraiga de inmediato la información de los dispositivos. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados a que el MP hiciera conferencias sobre un caso y que nadie se atreviera a denunciar. El juez fue quien lo ordenó; ahora por la revisión a Gámez, lo que pasa es que se tienen que respetar las escenas, y la de un allanamiento, que no se pueden salir de ellas, y no porque lo decida el MP, sino porque así lo decide la ley”, señaló.
Möller además dijo desmentir que existió apoyo con buses para traslado a votar de profesionales desde entidades públicas, pero aseguró que en otros años sí se verificó. “Ahora ha sido más parejo y constante la presencia de votantes. Asumo que hubo una disminución de personas pero la tendencia ya existía”, dijo.
