Guatemala avanza en la aprobación de una nueva Ley Integral contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, una normativa clave en un contexto internacional cada vez más exigente en materia de transparencia financiera.
La iniciativa, que ya superó su tercera lectura en el Congreso con amplio respaldo, busca actualizar el marco legal conforme a estándares internacionales, particularmente ante la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) prevista para 2027.
Instituciones como la Superintendencia de Bancos han advertido que la aprobación en el primer semestre de 2026 es crítica para permitir la emisión de reglamentos y su correcta implementación.
Sin embargo, el debate persiste en torno a temas sensibles como la definición de Personas Expuestas Políticamente (PEP), el registro de beneficiarios finales y el alcance de las nuevas obligaciones para distintos sectores económicos.
Sobre los alcances de la Ley Antilavado, el abogado del sector financiero, Alejandro Arriola resaltó que un sector inmenso son las cooperativas, sobre todo en el interior, pero ya son personas obligadas, señaló.
La discusión sobre la nueva Ley contra el Lavado de Dinero trasciende el ámbito técnico y se ubica en el centro del debate sobre la credibilidad institucional, la competitividad económica y la inserción de Guatemala en el sistema financiero internacional.
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Redacción por Roxana de León
