La elección de Fiscal General avanza bajo presión legal, con múltiples amparos y acciones que inciden en su fase final.

La elección de Fiscal General se desarrolla bajo un contexto de alta judicialización, con múltiples acciones legales que inciden en la fase final del proceso.

Al menos una veintena de amparos han sido presentados contra distintos aspectos del proceso, incluyendo los criterios de evaluación establecidos en la tabla de gradación, especialmente en lo relacionado con la ponderación de la carrera judicial.

También se han interpuesto recursos por parte de aspirantes que cuestionan las calificaciones asignadas a sus expedientes, al considerar que limitan sus posibilidades de integrar la nómina.

A esto se suman acciones legales que buscan incidir directamente en la integración final, incluyendo planteamientos para que determinados perfiles sean considerados dentro de la lista.

En paralelo, se han presentado denuncias penales contra integrantes de la Comisión de Postulación, principalmente por parte de la Fundación contra el Terrorismo, que señala posibles irregularidades en el proceso.

Desde la comisión, se ha indicado que estas acciones podrían interpretarse como presiones que afectan el desarrollo del trabajo y la independencia con la que debe llevarse a cabo la elección.