En la etapa final del proceso para elegir Fiscal General, surge un nuevo cuestionamiento legal sobre la forma en que la Comisión de Postulación evaluó a los aspirantes.

La acción fue promovida por David Juárez, exaspirante a magistrado de la Corte de Constitucionalidad, quien objeta parte de los criterios utilizados en la tabla de gradación, es decir, el sistema de puntos con el que se calificó a cada candidato.

El planteamiento se centra en cómo se valoró la experiencia profesional, ya que se habrían otorgado puntos como si fuera ejercicio independiente de la abogacía a trabajos realizados dentro del Ministerio Público o la Defensa Pública Penal.

Según el recurso, estas funciones corresponden al ámbito institucional y no deberían equipararse con el ejercicio privado de la profesión.

Por ello, se solicita revisar y ajustar las calificaciones que sirvieron de base para integrar la nómina final, lo que podría impactar el proceso en curso dependiendo de la resolución que emita la Corte de Constitucionalidad.

Redacción por Jonathan Hernández