El CIEN presentó un análisis sobre los desafíos del Ministerio Público y advirtió que, aunque se redujo la mora fiscal, la judicialización de casos continúa siendo uno de los principales retos del sistema de justicia.

El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, presentó su más reciente Índice de Denuncias de Delitos y un análisis sobre las oportunidades y desafíos para la nueva administración del Ministerio Público.

El informe advierte que, aunque el MP logró reducir de forma acelerada la mora fiscal acumulada durante años, la capacidad de judicialización continúa siendo uno de los principales retos del sistema de justicia penal.

De acuerdo con los datos expuestos por el CIEN, la mora fiscal del Ministerio Público mostró una reducción acelerada especialmente a partir de 2020. El informe detalla que en 2014 existían alrededor de 2.3 millones de expedientes pendientes; para 2020 la cifra todavía superaba los 2 millones de casos acumulados. Sin embargo, entre 2021 y 2023 ocurrió la caída más pronunciada, pasando de más de 2 millones a poco más de 400 mil expedientes pendientes. Finalmente, para 2025, la mora fiscal bajó a cerca de 198 mil casos.

Sin embargo, el CIEN señaló que esta reducción no se tradujo en una mayor capacidad para llevar casos ante los tribunales.

Según el análisis, entre 2019 y 2025 únicamente el 3.5 por ciento de los expedientes gestionados llegó a una etapa efectiva de judicialización.

El estudio también destaca que el MP amplió su cobertura de 33 a 340 municipios entre 2015 y 2021, aunque más de la mitad de víctimas aún no presenta denuncias ante las autoridades. Para el CIEN, esto refleja que el acceso formal a la justicia todavía enfrenta limitaciones en confianza, capacidad investigativa y coordinación institucional.

Entre las principales conclusiones, el CIEN señala que el Ministerio Público logró ampliar su presencia en todo el país y reducir significativamente la mora fiscal acumulada durante años.

Sin embargo, el informe advierte que esto no se tradujo en más casos llevados ante jueces, y que el sistema de justicia todavía necesita mayor coordinación y capacidad investigativa.

Redacción Web