En ALas845 conversamos sobre, “EMPORNAC bajo presión: embargos judiciales, crisis institucional y riesgo para la operación portuaria”.
El invitado José de la Peña, presidente de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC), analizó la controversia generada tras la resolución judicial que ordena embargos y medidas precautorias relacionadas con un reclamo millonario contra la portuaria, las implicaciones legales y financieras para la operación portuaria nacional, y el impacto que este conflicto podría generar sobre el comercio, la confianza institucional y la logística estratégica de Guatemala.
Recuperación de utilidades
De la Peña indicó que la crisis ya “se superó” en la referida terminal, pues aseguró que al iniciar el cargo el puerto tenía una “quiebra financiera”.
“No repartía utilidades en dos años. En el tercero el gasto era excesivo pero se recuperaron navieras importantes. Cerramos el primer año con Q14 millones. En 2025, nunca en 70 años, fue de arriba de los Q80 millones de utilidades”, dijo.
Añadió que ahora el puerto es “uno de los referentes” y compite en la carga administrada. “No critiquemos solo a los del sur, pero busquemos los 70 que teníamos aquí, estamos ayudando a desfogar. El mes pasado cerramos con Q41 millones, el doble del mismo mes en 2025”, narró.
Señala un “embargo disfrazado”
Ya sobre el caso, De la Peña indicó que existe una “nota ilegal” sobre que el caso está en reserva, lo cual desmintió. “Como portuaria, me consta que era un servicio en donde una empresa solo ingresaba a usar el equipo. En el 2000 fue declarado lesivo por la PGN, les quitan el contrato y lo recuperan un año después. Luego entra la lesividad. Después de eso, se niegan a salir realmente, cuando no tienen maquinaria y solo personal, y del 2004 al 2008 dicen que prestaron el servicio y que la portuaria les debe, pero no hay contrato ni nada, solo un acta notarial”, señaló.
Agregó que en 2019 se presentó la demanda, y calificó como “una vergüenza” para el sistema de justicia que se haya dado la razón a esta compañía. “Lo que es una vía civil, existe un plazo, luego se debe ir en la vía de apremio, pero se hace la primera instancia el juicio ejecutivo, y como no han logrado y ejecutado su acción de cobro, interponen una acción en un juzgado, en donde hay una resolución a los 3 días de ser presentado sin la intervención del MP”, dijo.
Obras detenidas
El directivo señaló que se trata de un “embargo disfrazado” porque inmoviliza Q209 millones. “Es un bolsón para pagar proyectos de infraestructura. El reclamo más fuerte es sobre la infraestructura, y tenemos al Cuerpo de Ingenieros para trabajar. Les puedo decir que hay muchas obras, pero no podemos pagar porque estamos embargados”, resaltó.
Añadió que además hay arraigo, el embargo de las cuentas y el embargo del 25% de las dietas que recibe toda la Junta Directiva.
El directivo señaló que en relación a soluciones, señaló que al ser una entidad pública se debe planificar lo que se hace en el año, con fechas específicas. “Es así que surge en Guatecompras cada uno de los eventos. Por ejemplo, si ya había un evento para este mes, no sucede porque no está la partida ejecutoria”, explicó.
Si el tema legal tiene alguna fecha para dirimirse, resaltó que se debe pensar en que la vía penal, es “una presión para ceder a pagar”. “Es ilegal porque no está legitimado, y lo que toca es defendernos. Espero que no dure años porque estamos arraigados solo por una persona. Lo que se busca es que la portuaria pague Q209 millones”, señaló.
Otros casos
Según de la Peña, ha existido una “improvisación” de cada gobierno pues quienes han tomado el cargo, “no saben nada de puertos”. “El problema es que ha habido improvisación y nosotros ponemos un modelo de gestión de procesos. Para mejorar el proceso logístico, se ha hecho eficiente todo. En lo administrativo, se busca evitar que el día de mañana no llegue alguien que pretenda desarmar la estructura administrativa. Ahora ya tenemos una oficina de proyectos. Trabajamos para que una empresa norteamericana nos diseñe un muelle para el futuro”, indicó.
Sobre el tema que se ha difundido de una compra millonaria de 10 chasis, de la Peña señaló que el caso no “ha llegado a sus manos para conocerlo”. “Está en planificación, y no ha salido el evento. Si tiene un valor es uno con techo, para adquirir el producto. Cuando hace su proceso en Guatecompras y la calidad que oferten será la junta de licitación la que analice. En existencia solo tenemos 32 chasis, y tenemos 5 grúas, pero hacemos 12 o 13 movimientos pero es por esa poca cantidad de chasis. Con esto, la eficiencia se mueve a 28 o 30 contenedores por hora”, señaló.
Críticas al pacto colectivo
El presidente de EMPORNAC añadió que el mercado es grande por lo que “el país debe tener un mismo sentido”. “Yo fui nombrado, no por un partido, respondo al presidente, y no hay nadie que esté arriba que de una presión política”, resaltó.
Sobre si el embargo, se trataría de una presión para su salida, insistió en que el puerto “estaba en números negativos” y algunas de sus acciones no fueron bien recibidas. “Lo que se quitó fue ese control por grupos internos; una plaza tenía un valor de Q100 mil, un ascenso”, dijo.
Ante esto, señaló el pacto colectivo existente que, según dijo, beneficia solo a un grupo de 300 personas de al menos 2 mil trabajadores. “Puede que en un barco no se trabaje nada, pero ganan todas sus horas. Llegan a tener un ingreso de Q30 mil a Q40 mil. Se puso una inconstitucionalidad por el pacto colectivo, no les agradó para nada, y se invita a realizar un pacto nuevo y sano. El caso está por tener una resolución”, explicó.
Anunció que buscan replicar la normativa del Puerto Quetzal, para reconocer la participación privada por medio de la gestión indirecta. “Podemos hacer terminales especializadas. Liberamos muelle principal y dos atracaderos”, resaltó.
Agregó que dentro de poco tendrán la visita de ingenieros estadounidenses para recuperar el tren.
Criticó que el juicio “frena muchas cosas”, y resaltó que la época alta es en noviembre por lo que deberían de prepararse para esta temporada. “Se aprobaron Q15 millones para repuestos, pero estos procesos nos impiden estar listos para la temporada alta”, finalizó.
