La Contraloría General de Cuentas reportó más de Q9 mil millones en acciones legales derivadas de auditorías realizadas al manejo del gasto público durante el ejercicio fiscal 2025, según el Informe Ejecutivo de Auditoría entregado al Congreso de la República.
De acuerdo con el documento, las auditorías financieras, de cumplimiento y los exámenes especiales generaron 3 mil 251 acciones legales, entre ellas 114 denuncias penales por Q8 mil 771 millones, 57 formulaciones de cargos y más de 3 mil sanciones económicas.
Uno de los sectores con mayor cantidad de hallazgos fue el de Municipalidades y Consejos de Desarrollo, que acumuló mil 275 acciones legales derivadas de auditorías financieras y de cumplimiento.
El informe también refleja denuncias millonarias en sectores como Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde se reportaron seis denuncias penales por más de Q70.9 millones, así como en Educación, Ciencia, Cultura y Deportes, con ocho denuncias que superan los Q51.6 millones.
En el caso del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), la Contraloría expone observaciones relacionadas con el fondo TOBANIK. Según el apartado de “Enfoque Detectivo”, el programa recibió Q500 millones trasladados al Crédito Hipotecario Nacional, pero únicamente Q149 millones fueron desembolsados a cooperativas y solo Q80 millones terminaron convertidos en créditos agrícolas, quedando pendiente de ejecutar el 70% del fondo.
Mientras tanto, en el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil, los auditores identificaron un gasto superior a Q291 millones en alimentación para personal policial, recursos que, según el informe, beneficiaban únicamente a comisarías del departamento de Guatemala con infraestructura de comedor, dejando fuera a agentes destacados en el resto del país. Además, la Contraloría confirmó la presentación de una denuncia penal vinculada a contrataciones bajo modalidad de baja cuantía.
La entidad fiscalizadora también señala que parte de los hallazgos están relacionados con proyectos abandonados, posibles anomalías en obra pública, deficiencias administrativas y debilidades en controles internos dentro de distintas instituciones del Estado.
Redacción Web
