El Contralor General de Cuentas, Frank Bode Fuentes, entregó este martes al Congreso de la República el informe de hallazgos 2025. El documento revela varias denuncias penales a diferentes instituciones del Organismo Ejecutivo, así como a municipalidades, por presuntas anomalías detectadas en auditorías.
La Contraloría General de Cuentas presentó 114 denuncias penales derivadas de auditorías al ejercicio fiscal 2025, por posibles irregularidades que superan los Q8 mil 771 millones.
Los hallazgos incluyen anomalías en ministerios, municipalidades y otras entidades públicas relacionadas con proyectos abandonados, deficiencias administrativas, incumplimientos contractuales y posibles irregularidades en el manejo de fondos estatales.
Entre los montos más altos reportados figura el área de Atención a Denuncias, que concentra más de Q8 mil 270 millones en posibles anomalías detectadas durante exámenes especiales de auditoría.
El informe también señala hallazgos en sectores como Educación, Medio Ambiente, Salud, Gobernación y Municipalidades, donde se identificaron denuncias vinculadas a infraestructura, adquisiciones y ejecución presupuestaria.
En el caso del Ministerio de Agricultura, la Contraloría observó deficiencias en el fondo TOBANIK, donde de Q500 millones trasladados al Crédito Hipotecario Nacional, únicamente Q149 millones fueron desembolsados a cooperativas y solo Q80 millones llegaron a créditos agrícolas.
Mientras tanto, en el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil, se reportaron irregularidades relacionadas con contrataciones de alimentos para agentes policiales, así como observaciones sobre la cobertura del beneficio alimenticio fuera del departamento de Guatemala.
Además, el informe indica que varias entidades decidieron no continuar procesos de contratación por más de Q1 mil 151 millones tras observaciones realizadas durante auditorías concurrentes.
A nivel municipal, las auditorías también detectaron posibles irregularidades relacionadas con obras inconclusas, diferencias entre lo contratado y lo ejecutado, pagos excesivos y falta de respaldo documental.
Los hallazgos alcanzan a municipalidades como Antigua Guatemala, San Miguel Pochuta, San José del Golfo y Huehuetenango.
Estas acciones forman parte de un proceso de fiscalización que incluyó 583 auditorías financieras y de cumplimiento, además de 752 exámenes especiales, que en conjunto derivaron en más de 3 mil 251 acciones legales y un impacto económico superior a Q9 mil millones.
Del total, 3 mil 080 corresponden a sanciones económicas y 57 a formulaciones de cargos, reflejando el alcance de las observaciones realizadas por la Contraloría.
El informe también señala que muchas de las anomalías detectadas están vinculadas a debilidades en los controles internos y fallas en la planificación y ejecución del gasto público.
El documento fue entregado este martes al Congreso de la República por el contralor general de cuentas, Frank Helmuth Bode Fuentes, al presidente del Legislativo, Luis Contreras, como parte del proceso constitucional de rendición de cuentas sobre el uso de recursos públicos.
Por Bryan Choy
