Aunque reconoce la necesidad de fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala expresó preocupación por algunos alcances de la nueva legislación aprobada por el Congreso.

A través de un comunicado, la Junta Directiva del CANG afirmó que varias observaciones técnicas y jurídicas planteadas durante la discusión de la ley no fueron incorporadas al texto final. Entre sus principales inquietudes destacan las nuevas obligaciones impuestas a los notarios, los mecanismos de reporte, la conservación de documentación y el régimen de sanciones previsto en la normativa.

El Colegio advirtió que las multas administrativas podrían oscilar entre los Q40 mil y Q900 mil, montos que considera de alto impacto para los profesionales sujetos a supervisión especializada. Además, señaló que algunas disposiciones podrían generar incertidumbre jurídica y afectar el ejercicio profesional.

No obstante, la entidad reiteró su respaldo a los esfuerzos para prevenir el lavado de dinero y anunció que dará seguimiento a la implementación de la ley, sin descartar la evaluación de acciones legales que considere pertinentes.

Redacción Web