En ALas845 hablamos de, “Ley, derechos y límites: los nuevos debates jurídicos en Guatemala”.
Los invitados Guillermo Cifuentes, Laureano López García y Justo Pérez, abogados y notarios y analistas jurídicos, discutieron sobre dos acontecimientos que generan debate público en Guatemala: las acciones anunciadas por el Colegio de Abogados y Notarios contra disposiciones de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, Decreto 15-2026, bajo el argumento de posibles afectaciones al ejercicio profesional de los abogados; y la resolución judicial que ordena el bloqueo de sitios web y servicios IPTV para proteger derechos de retransmisión relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026.
CANG y Ley Antilavado
Pérez dijo que la Ley Antilavado era “necesaria” al posicionar a Guatemala como una nación que cumple contra estos delitos, pero tuvo algunos reparos en el caso de los abogados. “Era necesario que se aprobara. Ahora el CANG manifestó su preocupación acerca de la profesión de abogado que están sujetos a esta ley. Ahora somos personas obligadas para denunciar transacciones que provengan de un delito. Debemos verificar que los clientes no estén en listas de la ONU. Es como preguntarle al cliente, que si no es miembro de Hezbolá o Hamas, por ejemplo. Está fuera nuestra asesoría jurídica, cómo vamos a saber de que alguien está sujeto en el futuro para lavar dinero. Ahora como notario, antes que esta ley fuera aprobada, ya en nuestra oficina, hacíamos nuestra propia cartera. Nosotros hacíamos contratos para que el pago no tuviera origen ilícito, pero ahora no será suficiente”, dijo.
López fue consultado por el detalle que tareas del Estado ahora con la ley sean de responsabilidad de privados, y cómo se debe entender el procedimiento ahora aprobado. “No se le puede decir al delincuente que tenga una partida de ingresos lícitos y otra que no. Además se ha puesto demasiada responsabilidad en el gremio; no es que se quiera eludir la ley, pero no somos adivinos o investigadores para saber de dónde viene la gente. Pero como abogados no somos ajenos para desconocer a personas que puedan tener actos ilícitos, y no lo podemos atender. Debemos alzar la voz y comunicarnos con el Congreso y que evalúe de nuevo”, indicó.
Por su lado, Cifuentes, acerca de la posición del CANG, afirmó que están esperando “la proactividad” del Colegio por su postura. “Nadie dirá que no a la ley porque lo van a tachar. En 2025 aquí fue la sede de GAFILAT y hace una década habían reuniones, y se pasó el tiempo y ahora estamos cerca a que venga a revisar si el país está cumpliendo. Para nosotros no ha habido una plática oficial, y el licenciado Pérez me contó que ya se metió a cursos. Pero estoy seguro que algo se nos puede ir, y sobre todo el CANG está accionando por las multas onerosas”, explicó.
Acerca si la acción del CANG fue tardada, y su cercanía con el gobierno, Cifuentes, señaló estar de acuerdo. “Dice el comunicado que el 27 de enero mandaron observaciones, pero en las lecturas en el Congreso no incidieron, entonces sí fue a destiempo. No tenemos de otra. No me animo con una asociación para dar una inconstitucionalidad, porque sería tachado”, aseguró.
Pérez añadió que la falta de discusión razonable de la normativa en los entes gremiales ha “venido muy mal”. “No se pusieron a discutir, porque ya no se puede porque se ponen en posiciones antagónicas. No estamos en contra sino que se haga de forma distinta. Dos, los entes llamados a discutir carecen de la solvencia y la legitimidad necesaria. El CANG es afín al gobierno, y éste se metió a incidir en este colegio. Como no son independientes no tienen la solvencia de impugnar. Ojalá lo planteen bien en la CC. La verdad es que nosotros como abogados y notarios, se nos imponen tareas además de; no nos oponemos, pero hay muchos colegas a los que les cuesta salir adelante. Ahorita hay que llevarlo a la CC pero se necesita un consenso razonable, con instancias prestigiosas de abogados”, indicó.
Cifuentes explicó que la nueva ley quiere “emular sistemas de primer mundo”, pero en el país sigue existiendo “analfabetismo y desnutrición”. “Somos tercermundistas, entonces no podemos ponernos al lado de países que han alcanzado un desarrollo en sus sistemas”.
Sobre otras inconstitucionalidades que pueda tener la normativa, Pérez señaló que la Constitución y la ley “son lo que la CC dicen que son”. “Todas estas impugnaciones que se plantarán en el futuro, a ver que dice la Corte. El fondo del asunto es que no se fortalecen las instituciones que deben combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Hay que jugar bien la carta jurídica para interponer las acciones, pero esto también es de intereses internacionales que no solo se juegan en Guatemala”, aseguró.
López explicó que se debería esperar a que la CC asuma “su rol histórico”. “Luego hay los que están interesados de mantener sus intereses. Se sabe que hay colegas que hacen cada gracia con las empresas. Pero es necesario que el empresario se comprometa con su propia gente, porque será un tropiezo muy grande cuando el día de mañana no acredite el dinero que tenga. Nos falta una política de Estado para reorganizarlo”, resaltó.
Propiedad intelectual y Mundial
Ya en el tema de los derechos de propiedad intelectual por el Mundial, Cifuentes fue consultado por los límites para que alguien no incurra en un delito. “Esto surge por una resolución de un juzgado sin precedentes, y la jueza interpreta por el Convenio de Berna y de la organización internacional de derechos de autor. Se limita entonces a los proveedores para transmitir. Los tratados devienen en las acciones de la fiscalía de propiedad intelectual y de una unidad del CIV para comunicaciones. La resolución de la juez no solo veló por temas internacionales, sino que afectó a las personas de pie que se ganan la vida”, dijo.
Pérez consultado porque no hubo una advertencia previa a comerciantes, y si es aceptable que una orden jurídica alcance el impacto que tuvo, resaltó que cualquiera que se sienta afectado, puede accionar legalmente. “Todas las resoluciones son impugnables. No todo está dicho. Si a alguien le han restringido su derecho puede impugnarla”, resaltó.
Agregó que “se abusó del derecho” para negarle al ciudadano un “rato de ocio”. “Los intereses transnacionales de FIFA son muy poderosos. No tenemos ni idea. Hay investigaciones de que juegan a la política. Los chapines nos debemos poner firmes y no dejarnos intimidar”, resaltó.
López fue consultado sobre por qué se ordena al proveedor bloquear las señales, y no con quien sí está cometiendo el delito. “Con esta prohibición, se pregunta uno sobre cuál es el daño al dueño de estos derechos de autor. Es una situación muy sui géneris. Lo que no es correcto es buscar culpable donde no los hay. El Estado está para que todos alcancemos el bien común”, declaró.
