En ALas845 hablamos de, “Seguridad, propiedad y conflicto: los límites del Estado ante la violencia territorial”.
Los invitados Luis Miguel Ralda, ex ministro de la Defensa y analista en temas de seguridad; y Gustavo Méndez, presidente de la Asociación en Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO), conversaron sobre el enfrentamiento armado ocurrido en El Paredón, Sipacate, Escuintla, las implicaciones para la seguridad pública, la protección de la propiedad privada, las diligencias judiciales y el complejo equilibrio entre derechos territoriales, demandas sociales y el deber del Estado de garantizar seguridad y justicia.
Méndez señaló que se habló de que era un allanamiento contra el crimen organizado, y citó que otras versiones afirmaban que algunos de los terrenos habían sido adjudicados a una empresa y a otras personas incluso en Estados Unidos. “Según los informes, lo que se iba a hacer era un reconocimiento, o un estudio de seguridad para pasar a un desalojo. Es un área sensible porque colinda con el mar, y hay muchas actividades alrededor, desde negocios y actos ilícitos. Los vecinos muy bien organizados les hicieron frente”, dijo.
Ralda, por su lado, consultado por la confusión alrededor del hecho, y sobre si existen fiscales o agentes retenidos, aseguró que existen dos comunicados del la PNC y del Mingob pero fue “curioso” que se diga que no hay prisioneros y que fue un hecho aislado. “Sin embargo, no se dijo qué acciones tomaron; y, lo más preocupante, las que se van a tomar, porque se puso en riesgo la vida de seres humanos. Simplemente con un par de comunicados, explican que no hay retenidos y que fue un hecho aislado”, dijo.
Sobre el estatus de estos terrenos a la orilla del mar, Méndez realizó una diferenciación entre los conceptos de posesión y de la propiedad. “Cuando uno aplica y es propietario es que tiene finca, folio y libro, en donde el Estado garantiza de que es el propietario; y la posesión es cuando no por fuerza tengo la propiedad. En este caso, como son derechos que se han cedido, porque tengo entendido que los pobladores están claros de que se les dio estos terrenos, y en su pensar tienen que defender esos terrenos. El punto como pasa con muchas cosas, es que no podemos a veces comprender que la usurpación es un delito”, explicó.
Ralda criticó que las autoridades no actuaron pese a que hubo disparos en el área, pues más allá de que no hubo policías y fiscales afectados, hubo pobladores que sí.
Méndez afirmó que las personas tienen derecho de hacer con sus bienes lo que desean, y no hay derecho de que otros “tomen posesión”. “El problema es muy delicado y se piensa que si una propiedad no tiene una función o uso, se puede arrebatar. Hablamos de viviendas incluso que cada vez son más que son tomadas por grupos al margen de la ley, sin que el Estado haga nada”, indicó.
Ralda insistió en la confusión, e incluso se habló de la posibilidad de una captura. “Tampoco se supo que era una diligencia judicial. Parece que lo que hubo fue un enfrentamiento entre dos grupos, entre los invasores y quienes defendían su propiedad, sin la presencia de las autoridades”, aseguró.
El presidente de ACDEPRO dijo que, en una posibilidad, un juzgado determina que una de las partes tiene la razón, pero antes de la orden de desalojo, debe hacer un “estudio de seguridad”, para evaluar las amenazas que hay en la propiedad. “En este sentido, sobre si hay otras comunidades que los puedan asistir, por ejemplo, y por eso se determina la cantidad de elementos para que apoyen el desalojo”, teorizó que los agentes seguramente llegaron de forma particular para no provocar alarma y con vehículos de los propietarios, pero no tuvieron cuidado de realizar el protocolo.
“Hubiera sido más fácil hacer ver que estaban haciendo una diligencia a solicitud de juez, para determinar el área; pero no dan la información, y lo obligan a uno a especular”, explicó.
Ralda analizó que lo que existe es una “débil aplicación de la ley”. “Existen grupos que llegan con campesinos e instigan quedándose con mejores terrenos e incluso cobrando”, resaltó.
Méndez explicó que existen más desalojos fallidos y lo que conlleva es que se pierden impuestos “cuando un poblador hace dos disparos y todos los agentes se regresan”. “Lo único que se asienta es la falta de capacidad del Estado para el monopolio de la fuerza”, aseguró.
