Durante el programa #ALas845 Análisis, el investigador de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) Jahir Dabroy, analizó los desafíos que enfrenta el Gobierno de Bernardo Arévalo de cara al último tramo de su administración antes de las elecciones generales de 2027.
Dabroy explicó que el próximo año y medio debe analizarse desde dos perspectivas: gobernabilidad y gobernanza. La primera, señaló, está relacionada con la capacidad de una autoridad política para tomar decisiones y hacerlas cumplir dentro del marco del Estado democrático de derecho; mientras que la gobernanza implica la relación horizontal entre el Gobierno y distintos sectores de la sociedad.
Según el analista, uno de los principales retos del Ejecutivo será recuperar espacios de diálogo y acercamiento con actores sociales, debido a que la relación de gobernanza se ha debilitado durante el camino.
“Un año y medio es muy poco en términos de acción gubernamental”, afirmó Dabroy al referirse al tiempo que resta para que el Gobierno pueda concretar sus principales compromisos.
Presupuesto y negociación política
Sobre la posibilidad de que el Congreso apruebe el presupuesto solicitado por el Ejecutivo, el investigador consideró que podrían existir incentivos políticos para alcanzar acuerdos.
Explicó que el presupuesto público puede convertirse en un elemento de negociación entre el Gobierno y los diputados, especialmente cuando algunos actores buscan fortalecer sus posiciones de cara al próximo proceso electoral.
Ciudadanía y responsabilidad electoral
Dabroy también hizo énfasis en el papel de los ciudadanos durante el proceso electoral de 2027. Señaló que la participación política no debe limitarse únicamente al acto de votar, sino que requiere conocer derechos, obligaciones, historia y los perfiles de quienes buscan ocupar cargos públicos.
El especialista cuestionó las prácticas de algunos partidos políticos donde, según indicó, las estructuras partidarias no siempre representan una participación amplia de sus bases.
“Debemos ser lo suficientemente inteligentes y no ser cómplices de prácticas que reducen nuestra participación democrática”, comentó.
Además, destacó la importancia de que los ciudadanos conozcan las diferencias entre los cargos públicos y las propuestas ideológicas de los partidos políticos antes de emitir su voto.
Lavado de dinero y financiamiento electoral
Al abordar la Ley contra el Lavado de Dinero y las próximas revisiones internacionales sobre el sistema financiero del país, Dabroy indicó que el control del financiamiento electoral seguirá siendo un desafío.
Aunque reconoció no ser especialista en el tema, señaló que una parte importante del problema está relacionada con la fiscalización de los aportes económicos y no económicos que reciben las organizaciones políticas.
“El lavado de dinero existe en Guatemala y es un tema que debe seguir siendo atendido”, afirmó.
Criminalidad y riesgo de violencia electoral
Respecto al panorama de seguridad previo a las elecciones, el investigador advirtió sobre la normalización de actividades vinculadas al crimen organizado dentro de algunos sectores de la sociedad.
Explicó que existe un riesgo de que jóvenes sean atraídos por estructuras criminales debido a la percepción de beneficios económicos y poder que estas representan.
Asimismo, alertó sobre posibles escenarios de violencia electoral contra candidatos y recordó casos ocurridos en años anteriores donde aspirantes a cargos públicos fueron atacados.
Dabroy señaló que algunas regiones del país podrían representar mayores riesgos, entre ellas Izabal, donde identificó disputas relacionadas con estructuras criminales.
Políticas públicas deben ser focalizadas
Finalmente, el especialista cuestionó la tendencia de algunos gobiernos a plantear políticas públicas como soluciones integrales para todos los problemas sociales.
Explicó que las políticas públicas deben responder a problemas específicos, contar con objetivos claros, establecer costos y definir de dónde saldrán los recursos para ejecutarlas.
“Debemos priorizar la agenda pública y saber cuánto costarán las acciones de Gobierno y cómo serán financiadas”, concluyó Dabroy.
