El desalojo de una mujer de la tercera edad de su vivienda, ubicada en la comunidad Xecoxol, Nebaj, Quiché, generó indignación entre los pobladores, luego de que se difundieran videos en los que se observa a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) retirándola del inmueble.
Según la información disponible, la orden de desalojo fue solicitada por uno de los hijos de la mujer como parte de un proceso judicial. Durante la diligencia, las pertenencias de la familia fueron sacadas a la calle y la adulta mayor habría resultado lesionada al intentar oponerse al procedimiento.
La inconformidad de los vecinos escaló horas después, cuando un grupo de personas llegó a la vivienda de la jueza que emitió la orden de desalojo y le prendió fuego. Aunque la funcionaria ya no se encontraba en el lugar, el inmueble fue consumido parcialmente por las llamas. Bomberos acudieron para controlar el incendio; sin embargo, inicialmente la turba les impidió el ingreso.
Posteriormente, cientos de pobladores se concentraron frente al Juzgado de Nebaj para exigir justicia a favor de la adulta mayor. De acuerdo con vecinos y el abogado de la afectada, esta sería la séptima ocasión en que intentan desalojarla de la vivienda. El conflicto tendría su origen en una disputa familiar, ya que la acción judicial fue promovida por uno de sus hijos.
Ante estos hechos, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó que el Ministerio de Gobernación y la PNC evaluarán si durante el operativo se cumplieron los protocolos establecidos, especialmente por tratarse de una persona adulta mayor.
El funcionario reconoció que las imágenes del procedimiento resultan impactantes; sin embargo, explicó que la intervención policial respondió al cumplimiento de una orden judicial emitida tras agotarse las instancias legales correspondientes.
Villeda enfatizó que la PNC está obligada por ley a ejecutar las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales y no puede decidir cuáles acatar. Por ello, la revisión se enfocará en determinar si la actuación de los agentes respetó los protocolos institucionales y los derechos de la persona afectada.
Mientras tanto, el caso continúa generando indignación y un amplio debate en redes sociales y entre los habitantes de Nebaj, quienes exigen justicia y una revisión del procedimiento de desalojo. Paralelamente, las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer tanto la actuación policial durante el operativo como los hechos posteriores que culminaron con el incendio de la vivienda de la jueza.
Por Jonathan Hernández
