La falta de cuórum vuelve a frenar las interpelaciones en el Congreso y deja en duda la efectividad de un mecanismo de fiscalización que acumula procesos sin concluir. El ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, lleva más de nueve meses asistiendo al Legislativo para una interpelación que continúa sin avanzar.
Desde noviembre, la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, sigue sin llegar a una conclusión y acumula meses de convocatorias suspendidas.
Este jueves, el proceso volvió a detenerse por falta de cuórum. Con ello, la interpelación supera los nueve meses sin avances sustanciales.
Pinto ya respondió las 20 preguntas básicas y el proceso continúa en la fase de preguntas adicionales.
Aunque la interpelación es una herramienta de fiscalización, las constantes suspensiones han puesto en duda su efectividad y evidencian el peso de los intereses políticos dentro del Congreso.
En la misma línea, Juan Carlos Rivera cuestionó la ausencia de diputados y puso especial atención en que algunos de los legisladores que no se presentan fueron precisamente quienes solicitaron la interpelación.
La situación de Pinto no es un caso aislado. Los diputados han solicitado 28 interpelaciones contra funcionarios del Ejecutivo, mientras 13 de los 14 ministros de Estado tienen al menos una solicitud en su contra.
La ministra de Comunicaciones, Norma Lissette Zea Osorio, concentra siete solicitudes; el ministro de Salud, Joaquín Barnoya, cinco; la ministra de Trabajo, Miriam Roquel, cuatro; y la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, tres.
Los titulares de Gobernación, Educación, Defensa, Cultura, Relaciones Exteriores, Finanzas y Agricultura tienen una interpelación cada uno. El ministro de Energía y Minas, por ahora, no tiene una solicitud de este tipo.
¿Cuánto tiempo pueden durar las interpelaciones sin llegar a una conclusión?,
El Congreso ya tiene antecedentes de procesos que se extienden durante largos periodos. La interpelación contra el entonces ministro de Cultura y Deportes, Felipe Aguilar, llegó a acumular 26 meses en la agenda legislativa hasta octubre de 2023, convirtiéndose en una de las más prolongadas.
La diligencia superó incluso el caso de la entonces ministra de Educación, Cynthia del Águila, cuyo proceso permaneció 25 meses pendiente.
Por Jonathan Hernández
