La situación de seguridad en Escuintla continúa generando preocupación entre empresarios, trabajadores y vecinos debido al incremento de las extorsiones, las amenazas y los ataques contra establecimientos comerciales. El cierre de una empresa de alimentos, tras hechos relacionados con la violencia, volvió a poner en discusión la capacidad de las instituciones para responder al avance de las estructuras criminales.
Durante el segmento Análisis 8:45, de Canal Antigua, el especialista en seguridad y temas penitenciarios Luis José Juárez Bolaños calificó como “sumamente preocupante” el escenario que enfrenta el departamento y señaló que los recientes acontecimientos representan una señal de alerta sobre la capacidad de reacción del Estado.
Juárez Bolaños cuestionó que grupos criminales actúen con aparente impunidad y aseguró que el problema trasciende a la delincuencia común, debido al nivel de organización, recursos y capacidad tecnológica que poseen algunas estructuras.
“No estamos hablando de una delincuencia común, estamos hablando de estructuras criminales que tienen los enlaces, tienen el dinero y la capacidad para comprar voluntades”, señaló el especialista.
Falta de coordinación entre instituciones
Uno de los principales cuestionamientos planteados durante la entrevista fue la falta de coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad y la justicia.
Según Juárez Bolaños, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público y el Organismo Judicial continúan trabajando de manera fragmentada, lo que limita la capacidad del Estado para anticiparse a las acciones de las estructuras criminales.
El especialista señaló que no se puede hablar de una política efectiva de seguridad sin fortalecer la institucionalidad y establecer mecanismos que permitan compartir y cruzar información entre las diferentes entidades.
También cuestionó que los patrullajes policiales, aunque pueden tener un efecto preventivo o reactivo, resultan insuficientes cuando no están acompañados de inteligencia que permita identificar cómo operan las estructuras delictivas.
“Hay una data negra” sobre las extorsiones
Otro de los puntos abordados fue el subregistro de las extorsiones. Juárez Bolaños explicó que las cifras oficiales no necesariamente reflejan la totalidad del problema, debido a que muchas víctimas optan por no denunciar.
A su criterio, existe una “data negra” de extorsiones que permanece fuera de las estadísticas oficiales porque comerciantes, empresarios y trabajadores consideran que presentar una denuncia no necesariamente permitirá resolver su situación y, en algunos casos, puede aumentar el riesgo.
El especialista agregó que para analizar el comportamiento de este delito no basta con comparar las cifras mes a mes, sino que también es necesario observar su evolución interanual y considerar otros indicadores, como el número de comercios y transportistas que realizan pagos a grupos extorsivos.
Según explicó, algunas empresas incluso llegan a presupuestar el pago de extorsiones como una forma de evitar represalias contra sus trabajadores.
Corrupción y filtración de información en las cárceles
Juárez Bolaños también señaló que la situación de seguridad está relacionada con el control que mantienen las estructuras criminales dentro del sistema penitenciario.
Como ejemplo, relató que en anteriores operativos de requisa la información debía mantenerse bajo estricta reserva para evitar filtraciones. Sin embargo, al momento de ingresar a los centros carcelarios, los privados de libertad ya conocían que se realizaría el operativo.
Para el especialista, esto evidencia posibles filtraciones de información y cuestiona la efectividad de las requisas cuando los resultados no se mantienen a largo plazo.
“Es un fracaso total” realizar requisas de manera recurrente si al día siguiente los privados de libertad vuelven a contar con teléfonos celulares, armas o municiones, sostuvo.
Tecnología y comunicación desde las cárceles
El especialista también alertó sobre la capacidad de comunicación que mantienen algunas estructuras desde los centros penitenciarios.
Durante la entrevista recordó un hallazgo en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, donde, según indicó, fueron localizados 69 routers dentro del centro carcelario, además de una antena y una torre instalada en el interior del complejo.
A su criterio, este tipo de situaciones demuestra la necesidad de fortalecer los controles penitenciarios y, principalmente, de impedir que los centros de privación de libertad continúen funcionando como espacios desde los cuales puedan coordinarse actividades criminales.
El reto de generar inteligencia
Para Juárez Bolaños, uno de los principales desafíos es transformar la información que poseen las diferentes instituciones en verdadera inteligencia de seguridad.
Explicó que distintas entidades pueden contar con información relevante sobre hechos delictivos, pero si esos datos no son compartidos, cruzados y analizados de manera conjunta, pierden buena parte de su utilidad para prevenir delitos.
El especialista recordó que el Sistema Nacional de Seguridad contempla mecanismos para coordinar información estratégica, pero consideró que persisten dificultades para lograr una actuación conjunta entre las instituciones.
La situación en Escuintla, concluyó, debe ser tomada como una señal de alerta para fortalecer la coordinación institucional, combatir la corrupción y mejorar las capacidades de inteligencia antes de que la violencia alcance niveles todavía mayores.
