Después de varios días de protestas, presión en las calles y reclamos por el aumento de los combustibles, el Congreso finalmente aprobó una medida para frenar temporalmente los precios.
La decisión llega tras las exigencias de los 48 Cantones de Totonicapán, autoridades indígenas de Sololá y transportistas, que reclamaban una respuesta ante el impacto en el bolsillo de los guatemaltecos.
Con 130 votos, los diputados aprobaron de urgencia nacional el Decreto 21-2026.
La medida fija un precio máximo de Q39 por galón para el diésel y la gasolina regular, y de Q41 para la gasolina superior.
Pero mantener esos precios tendrá un costo para el Estado. El Ejecutivo deberá readecuar el presupuesto y crear un fondo de Q2 mil 500 millones para compensar a los importadores cuando el precio supere esos límites.
El fondo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que se agoten los recursos asignados. La propuesta aprobada amplía el mecanismo planteado inicialmente por el Ejecutivo, ya que además del diésel incorpora a las gasolinas regular y superior.
Para financiar la medida se contemplan modificaciones al presupuesto vigente. El documento discutido durante la plenaria establece una reducción de Q507 millones 640 mil 626 en distintos rubros del gasto público.
Entre los ajustes destaca un recorte de Q353 millones 596 mil al Ministerio de Gobernación. También se plantea una reducción de Q142 millones 661 mil 872 de las Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro y de Q10 millones 950 mil 700 correspondientes a la Superintendencia de Telecomunicaciones. El Ministerio de Economía aportaría Q432 mil 54.
RECORTES PARA FINANCIAR LA MEDIDA
- Ministerio de Gobernación: Q353.6 millones
- Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro: Q142.7 millones
- Superintendencia de Telecomunicaciones: Q10.95 millones
- Ministerio de Economía: Q432 mil 54
La aprobación obtuvo una amplia mayoría, pero también provocó cuestionamientos dentro del Congreso. El diputado Allan Rodríguez criticó el mecanismo y aseguró que su bancada rechazó la propuesta.
La diputada Evelyn Morataya señaló que el resultado está lejos de ser la propuesta que esperaba la población, pero sostuvo que el contenido aprobado responde a los consensos alcanzados entre las diferentes bancadas.
En contraste, el diputado José Carlos Sanabria consideró que el acuerdo representa un avance ante la situación económica que enfrenta la población.
El debate legislativo se produjo mientras el aumento de los combustibles comenzaba a generar mayores costos en el transporte y presión sobre los precios de productos de la canasta básica. Ahora el reto queda en manos del Ejecutivo, que deberá concretar la readecuación presupuestaria y poner en marcha el fondo para que el precio establecido por los diputados pueda aplicarse.
Redacción por Jonathan Hernández
