El Congreso aprobó la suspensión temporal de dos impuestos que actualmente forman parte del precio de los combustibles: el IVA y el IDP. Pero, ¿qué son estos impuestos, cómo se cobran y qué significa realmente dejar de cobrarlos? Se lo explicamos.
Cuando usted paga gasolina o diésel, dentro del precio final ya van incluidos impuestos. Es decir, el consumidor no tiene que hacer un pago adicional ni acudir a la SAT para pagarlos.
Uno es el IVA, Impuesto al Valor Agregado, que tiene una tasa general del 12%. Este impuesto no es exclusivo de los combustibles: también se aplica a una amplia variedad de bienes y servicios.
En el caso de los combustibles, se genera a lo largo de la cadena de importación y comercialización y finalmente forma parte del precio que paga el consumidor. La SAT es la encargada de recaudarlo.
¿Y qué ocurre después con ese dinero?
La ley establece destinos específicos para cinco de los 12 puntos porcentuales del IVA. Parte de esos recursos se dirige a municipalidades, Consejos Departamentales de Desarrollo, fondos para la Paz y programas de gasto social, que incluyen áreas como educación, seguridad alimentaria y alimentación escolar. El resto ingresa al Fondo Común del Estado para financiar otros gastos públicos.
El otro impuesto es el IDP, Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo.
Aquí hay una diferencia importante: el IDP no se calcula como un porcentaje del precio, sino como una cantidad establecida por cada galón, que varía según el tipo de combustible.
Parte de lo recaudado por este impuesto tiene destinos específicos. En el caso del diésel, la mayor parte de esos recursos se dirige al Ministerio de Comunicaciones para conservación y mejoramiento de la red vial. En las gasolinas regular y superior también existen recursos destinados al CIV y a las municipalidades.
En términos sencillos: el consumidor paga ambos impuestos dentro del precio del combustible; la SAT recauda esos recursos y posteriormente el Estado los distribuye según lo establecido en la legislación.
Por eso, cuando se plantea suspender o reducir el IVA o el IDP de los combustibles, no solo se discute cuánto podría bajar el precio para el consumidor, sino también cuánto dejaría de recaudar el Estado y qué destinos recibirían menos recursos.
Redacción Web
