El veto presidencial a las reformas al Código Procesal Penal enfrenta al Ejecutivo y al Congreso. Mientras Luis Contreras busca una reunión con autoridades judiciales para revisar los errores técnicos señalados, el diputado Héctor Aldana calificó de “aberración jurídica” la decisión de Bernardo Arévalo y defendió los cambios aprobados.

El veto del presidente Bernardo Arévalo al Decreto 23-2026, que reformaba las reglas sobre prisión preventiva y medidas sustitutivas, provocó nuevas diferencias en el Congreso.

El presidente del Legislativo, Luis Contreras, reconoció posibles errores en la normativa y anunció que buscará reunirse este viernes con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y el diputado Álvaro Arzú, ponente de las reformas, para revisar las observaciones del Ejecutivo.

Contreras señaló que uno de los problemas es la entrada en vigencia inmediata de las disposiciones, sin garantizar que el sistema judicial esté preparado para aplicarlas.

En contraste, el diputado Héctor Aldana calificó el veto como una “aberración jurídica” y defendió las reformas. Aseguró que buscaban agilizar las primeras declaraciones y evitar detenciones prolongadas, además de mejorar el control de las medidas sustitutivas.

El decreto fue aprobado el 29 de septiembre con 139 votos. Sin embargo, el Ejecutivo señaló posibles problemas constitucionales, referencias a disposiciones derogadas y la falta de plazos para implementar nuevos mecanismos de control judicial.

Ahora, el Congreso deberá decidir si modifica la normativa o busca superar el veto presidencial.

Por Jonathan Hernández