El futuro de las reformas a la prisión preventiva sigue sin resolverse. Este martes 3 de noviembre, cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluida su presidenta, se reunieron con autoridades del Congreso para discutir el veto presidencial al Decreto 23-2026.

¿Qué buscan cambiar estas reformas?

La normativa modifica las condiciones bajo las cuales una persona acusada de un delito puede permanecer en prisión mientras enfrenta un proceso penal. También contempla cambios en las medidas sustitutivas, que permiten a determinados procesados enfrentar la justicia en libertad, bajo condiciones establecidas por un juez.

La prisión preventiva no es una condena, sino una medida que se aplica antes de una sentencia. Por eso, las reformas tienen implicaciones para los procesados y para el funcionamiento de los tribunales.

Según el diputado Álvaro Arzú Escobar, presidente de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, la principal preocupación de los magistrados es el tiempo para implementar los cambios.

El decreto establecía su entrada en vigencia inmediata, pero contempla ajustes que requieren personal, presupuesto y planificación.

En un comunicado, el Organismo Judicial confirmó que durante la reunión se discutieron los desafíos jurídicos, administrativos, operativos y presupuestarios que implicaría aplicar las reformas.

Entre las necesidades identificadas están la asignación de recursos financieros, la evaluación de nuevas cargas de trabajo y la ampliación del personal técnico y administrativo para atender las competencias y responsabilidades que establece la normativa.

Además, informó que continúa analizando la infraestructura, los recursos humanos y los aspectos informáticos necesarios para cumplir con el Decreto 23-2026.

Por ahora, el Congreso únicamente conoció el veto presidencial, sin votar modificaciones. La próxima semana, los magistrados presentarían una propuesta con el plazo que consideran necesario.

Después, los diputados buscarían alcanzar acuerdos para aprobar los ajustes y enviar nuevamente el decreto al Ejecutivo.

Sin embargo, el veto del presidente Bernardo Arévalo no se limita a la entrada en vigencia. También señala problemas jurídicos relacionados con disposiciones penales derogadas y restricciones para conceder medidas sustitutivas.

El Congreso deberá resolver estas observaciones. Para rechazar el veto y ratificar el decreto original necesitaría al menos 107 votos.

Redacción: Digital