A menos de una semana de haber sido aprobada de urgencia nacional, la Ley Marco de Ciberseguridad enfrenta cuestionamientos por posibles vulneraciones a derechos constitucionales. El diputado Ronald Portillo presentó 10 objeciones al Decreto 26-2026, mientras Álvaro Arzú Escobar considera que la normativa debería archivarse. El pleno del Congreso conocerá las observaciones este martes 10 de noviembre.
La Ley Marco de Ciberseguridad, aprobada de urgencia nacional por el Congreso, enfrenta sus primeras objeciones. El diputado Ronald Portillo presentó diez señalamientos contra el Decreto 26-2026, al considerar que algunas disposiciones podrían vulnerar derechos constitucionales, como la libertad de expresión, la libertad de prensa, la protección de datos personales y el debido proceso.
Uno de los puntos cuestionados es la posibilidad de suspender transmisiones en vivo sin una orden judicial, lo que plantea dudas sobre las facultades que tendría el Estado para intervenir en contenidos digitales y los mecanismos para evitar decisiones arbitrarias.
A las objeciones se sumó el diputado Álvaro Arzú Escobar, quien anunció que respaldará los planteamientos de Portillo y considera que el decreto debería archivarse debido a las posibles inconstitucionalidades que contiene.
El presidente del Congreso, Luis Contreras Colíndres, confirmó que las objeciones serán conocidas por el pleno durante la sesión programada para este martes 10 de noviembre. El tema fue incluido en la agenda legislativa discutida en la instancia de jefes de bloque. Con ello, los diputados deberán conocer los cuestionamientos presentados contra el decreto antes de que continúe su trámite hacia el Organismo Ejecutivo.
El decreto fue aprobado el pasado 3 de noviembre, de urgencia nacional, con el respaldo de 121 diputados, aunque inicialmente estaba previsto para su primer debate.
Sin embargo, la normativa aún no está vigente y debe completar el trámite correspondiente ante el Ejecutivo. De ser publicada en el Diario Oficial, comenzaría a regir 30 días después, según lo establecido en el propio decreto.
Por Jonathan Hernández
