En medio de una ola de violencia que mantiene bajo cuestionamiento la seguridad del país, el Ministerio Público tampoco ha presentado avances públicos sustanciales en varios crímenes de alto impacto.
Guatemala atraviesa una serie de hechos violentos que han puesto nuevamente en discusión la seguridad del país.
Asesinatos, ataques armados y disturbios en centros penitenciarios han generado cuestionamientos hacia el Ministerio de Gobernación, pero hay otra institución cuya respuesta también debe examinarse: el Ministerio Público.
Aunque no le corresponde prevenir los delitos ni garantizar la seguridad en las calles, el MP tiene a su cargo dirigir las investigaciones penales y buscar que los responsables enfrenten la justicia. Sin embargo, en varios de los casos más recientes, los avances siguen sin conocerse públicamente.
El 17 de octubre fueron asesinados Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro en Campo Marte, zona 5 capitalina. Aunque existen actuaciones judiciales relacionadas con el caso, todavía no se ha esclarecido públicamente el móvil del ataque ni quiénes habrían ordenado el crimen.
En Huité, Zacapa, ocho personas murieron durante ataques armados registrados el 27 de septiembre. Han transcurrido más de seis semanas y tampoco se conocen resultados públicos que permitan establecer qué ocurrió y quiénes fueron los responsables. Nuevamente, el MP respondió que la investigación se encuentra bajo reserva.
Otro hecho que sacudió al sistema penitenciario fue el asesinato de José Ariel Barrios Rodríguez, director de la Granja Penal Canadá, el 24 de octubre.
Su muerte encendió las alertas sobre la seguridad de los funcionarios penitenciarios, mientras continúa pendiente conocer públicamente qué han determinado las investigaciones.
A esto se suman los disturbios registrados el 4 de noviembre en Renovación I y El Boquerón. Aunque las fuerzas de seguridad intervinieron para recuperar el control, también queda por establecer si existió coordinación entre ambos incidentes y qué responsabilidades penales podrían derivarse de lo ocurrido.
Y uno de los casos más recientes es el asesinato del diputado Julio César Portillo y tres agentes de la Policía Nacional Civil en Río Hondo, Zacapa. Sobre este ataque, el MP indicó a Canal Antigua que la Fiscalía de Distrito de Zacapa desarrolla diligencias posteriores al procesamiento de la escena, sin proporcionar mayores resultados.
La reserva de una investigación puede ser necesaria para proteger las diligencias. Sin embargo, ante una sucesión de crímenes de alto impacto, también surge la pregunta de qué resultados está obteniendo la persecución penal.
Porque la respuesta a la inseguridad no termina con patrullajes, operativos o capturas. También depende de investigaciones capaces de esclarecer los hechos, identificar a los responsables y sustentar los casos ante los tribunales.
Mientras Gobernación enfrenta cuestionamientos por la prevención y el control de la violencia, el Ministerio Público tiene pendiente explicar, dentro de los límites legales, qué avances puede presentar en estos casos.
Por Daniela Florián
