Gobierno establece estado de sitio en Zacapa e Izabal durante 30 días
De acuerdo con los artículos 138 y 139 de la Constitución, los diputados tendrán que conocer el decreto dentro de los tres días siguientes y decidir si lo ratifican, modifican o imprueban.

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La escalada de violencia en Zacapa e Izabal obligó al presidente Bernardo Arévalo a recurrir nuevamente a un estado de Sitio, luego de semanas de ataques armados que dejaron al menos 17 muertos. La medida, que tendrá una vigencia de 30 días, llega en medio de cuestionamientos a la capacidad del Gobierno para contener la criminalidad y garantizar la seguridad de la población

El presidente Bernardo Arévalo decretó estado de sitio en Zacapa e Izabal por 30 días, una decisión que refleja la gravedad de la crisis de seguridad que atraviesa el oriente del país y la presión sobre su administración por la falta de resultados frente a la violencia.

La disposición, aprobada en Consejo de Ministros este sábado 14 de noviembre, comenzará a regir el domingo 15. Según el documento oficial, la medida responde a informes de seguridad que advierten sobre actividades relacionadas con el narcotráfico, estructuras criminales transnacionales y grupos delictivos que operan en ambos departamentos.

El anuncio llega tras una sucesión de hechos violentos que han puesto en entredicho la capacidad de respuesta de las autoridades. La reacción del Ejecutivo se produce cuando la violencia ya ha cobrado al menos 17 vidas y los ataques han alcanzado incluso a representantes públicos e integrantes de las fuerzas de seguridad.

En Zacapa, la situación se agravó tras la incursión armada en Huité, que dejó ocho personas fallecidas; la emboscada contra el diputado Julio Portillo en Río Hondo, donde también murieron tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC); y el ataque en el caserío El Tocino, que dejó cinco personas muertas y tres mujeres heridas.

La gravedad de estos acontecimientos plantea cuestionamientos sobre la capacidad de prevención e inteligencia de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. El Gobierno apuesta ahora por una medida excepcional para recuperar el control territorial, pero el decreto por sí solo no garantiza que los ataques cesen ni que las estructuras criminales sean desarticuladas.

El estado de sitio permitirá al Ejecutivo aplicar restricciones y medidas extraordinarias contempladas en la Ley de Orden Público. No obstante, la población de estos departamentos sigue esperando respuestas concretas ante una violencia que no surgió de un día para otro y que ha dejado a las comunidades bajo el temor de nuevos ataques.

La decisión de Arévalo también deberá pasar por el Congreso de la República. De acuerdo con los artículos 138 y 139 de la Constitución, los diputados tendrán que conocer el decreto dentro de los tres días siguientes y decidir si lo ratifican, modifican o imprueban.

Esta es la segunda ocasión en que Arévalo recurre a un estado de sitio durante su administración. El pasado 18 de enero decretó esa medida tras los ataques atribuidos al Barrio 18 contra agentes de la PNC y los disturbios registrados en tres centros carcelarios.

Ahora, el mandatario vuelve a recurrir a facultades extraordinarias para enfrentar una crisis de seguridad. La interrogante es si esta vez el Gobierno logrará resultados que vayan más allá del despliegue de policías y militares, o si, una vez transcurridos los 30 días, Zacapa e Izabal seguirán enfrentando la misma violencia que obligó al Ejecutivo a tomar esta decisión.

Por Jonathan Hernández

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