Ante los señalamientos sobre los vínculos entre política y crimen organizado, consultamos al Tribunal Supremo Electoral sobre cómo evitar una posible infiltración de estas estructuras en las elecciones de 2027.
La relación entre política y crimen organizado vuelve a generar interrogantes en Guatemala, especialmente cuando el país se encamina hacia las elecciones generales de 2027.
El tema cobra mayor relevancia después de que Estados Unidos anunciara nuevas designaciones contra tres estructuras del narcotráfico guatemalteco: Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza, aunque con distintas clasificaciones y sanciones.
Ante estos antecedentes, consultamos al Tribunal Supremo Electoral sobre qué medidas podrían aplicarse para evitar que organizaciones criminales busquen influir en partidos políticos, candidaturas o incluso en el financiamiento de las próximas elecciones.
La respuesta del magistrado Quelvin Jiménez, encargado de la mesa interinstitucional de seguridad electoral, fue que el Tribunal no puede asumir funciones que constitucionalmente corresponden a otras instituciones.
Según explicó, investigar y perseguir a estas estructuras es responsabilidad de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público.
Pero el problema no se limita a investigar delitos. También está la posibilidad de que recursos de procedencia ilícita lleguen a las campañas o que personas vinculadas con estas organizaciones busquen espacios dentro de los partidos políticos.
Aunque el TSE tiene atribuciones de fiscalización electoral, queda por establecer cómo se coordinarán las instituciones para identificar posibles vínculos con el crimen organizado antes y durante los comicios.
Las elecciones de 2027 se acercan y, mientras los partidos avanzan en su organización, persiste una interrogante: ¿Qué controles permitirán detectar a tiempo una posible infiltración criminal en la política?
La investigación de estos grupos corresponde a las autoridades de seguridad y justicia, pero el Tribunal Electoral también tendrá que ejercer sus funciones de fiscalización dentro de los límites que establece la ley.
Por Jonathan Hernández







