El sistema de justicia guatemalteco entra en una nueva etapa de reconfiguración tras la reciente aprobación del Decreto 30-2026, una normativa que redefine las reglas sobre la prisión preventiva luego de un pulso institucional entre el Organismo Ejecutivo y el Congreso de la República.
¿Qué cambia respecto al sistema actual en Guatemala?
En A las 8:45 conversamos con el analista jurídico Allan Taylor sobre el debate de la prisión preventiva en Guatemala, el veto presidencial al Decreto 23-2026 y las reformas al Código Procesal Penal.
Taylor advirtió sobre la mala práctica judicial de dictar el auto de procesamiento antes de resolver la prisión preventiva y explicó cómo las reformas modifican este proceso. Sobre la solicitud del Organismo Judicial para aplazar la implementación de los cambios y obtener mayor presupuesto, Taylor advirtió que llegará el momento en que se le deberá preguntar dónde están los resultados y la cobertura. Asimismo, enfatizó la importancia de respetar los tiempos establecidos.
Asimismo, explicó que la normativa contempla medidas específicas para quienes ya guardan prisión. En ese sentido, puntualizó el reto institucional que enfrentará el ente investigador: “Ahorita se pensó en el Organismo Judicial, pero el MP puede venir y decir que necesita dinero para atender estos casos; inicialmente, la infraestructura la tendrá el OJ y el MP deberá también correr para cumplir”, enfatizó.
Aunque la ley avanza en la dirección correcta, el mayor obstáculo será evitar que la falta de presupuesto, infraestructura o la agenda llena de los tribunales sigan retrasando los procesos.
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Redacción: Carlos Sipaque.







