Luego que varios ex funcionarios perdieran su inmunidad el pasado 14 de enero y algunos de estos tenían procesos de antejuicio pendiente, la Corte Suprema de Justicia decidió trasladar sus casos a la Dirección de Gestión Penal para que se asigne un juez contralor al proceso.
Derivado de la finalización del periodo para el cual fueron electos o designados, tres ex funcionarios han perdido su inmunidad el pasado 14 de enero, quienes hasta ese momento gozaban del derecho de antejuicio, por lo que a pesar de existir denuncias en su contra no se les podía procesar hasta que no se agotará ese privilegio.
Sin embargo, durante el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de este miércoles, se determinó que estos ya no gozaban de esta prerrogativa, por lo que dichos procesos de antejuicio ya no tenían validez, lo cual hace que sus casos sean trasladados a manos de la Dirección de Gestión Penal para que los procesos sean asignados a un juez contralor y así continúe su curso.
El primero de estos es una denuncia que la Fundación contra el Terrorismo interpuso contra el ex ministro de gobernación, Byron René Bor Illescas, a quien señalan de no haber cumplido a cabalidad con la orden de la Corte de Constitucionalidad de retirar a los manifestantes que en octubre pasado realizaron bloqueos principalmente a las afueras del Ministerio Público.
El segundo es contra el ex diputado Aldo Dávila quien suma 3 procesos en su contra, uno por una denuncia interpuesta por Cristel Carrillo Cardona, otra por una denuncia interpuesta por la ex ministra de educación Claudia Ruiz quien lo señala de violencia contra la mujer en su manifestación psicológica y la tercera por la denuncia interpuesta por la Fiscalía Contra delitos del Patrimonio, que lo vincula al caso de la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Finalmente, el tercer ex funcionario, se trata del ex diputado Gustavo Eduardo Rodríguez-Azpuru, quien es señalado por la Fiscalía contra la Mujer del supuesto delito de agresión sexual.
Con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, se ordena el traslado a un juzgado contralor, por lo que ya queda en manos del Ministerio Público hacer los requerimientos que estime convenientes para llevar acabo las diligencias de cada uno de los procesos.
Por Sergio Osegueda
