El pasado 21 de agosto, la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, respondió en conferencia pública a las acusaciones de la fiscal estadounidense Pam Bondi, quien aseguró que Venezuela utilizaría casi como un “puente aéreo” el espacio aéreo guatemalteco para operaciones de narcotráfico.
Autoridades del Ministerio Público (MP) ya realizan investigaciones sobre esas estructuras criminales, subrayando su coordinación con agencias de EE. UU. y señalando logros como 245 extradiciones y más de 3,800 sentencias por narcotráfico.
En diálogo con Arturo Miranda, abogado y notario y Melvin Portillo, actual Secretario de Política Criminal del Ministerio Público, se exploró el alcance jurídico y político de estas declaraciones, y su impacto en la institución fiscal y la soberanía nacional.
Por su parte Melvin Portillo añadió que estuvieron con una entidad similar a la DEA y están por crear el primer centro de monitoreo de armas en la región, señaló.
A través de este espacio se exploró cómo una declaración puede convertirse en un punto clave de inflexión institucional.
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Por Roxana de León
