Diputados han accionado en contra del decreto 7-2025 y del acuerdo legislativo aprobado por el congreso el pasado martes y solicitan que la CC deje sin efecto tal procedimiento.
Al menos tres acciones de amparo fueron presentadas ante la Corte de Constitucionalidad (CC) con el objetivo de suspender la entrada en vigencia del Decreto 7-2026, luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial emitido por Bernardo Arévalo.
Los primeros en accionar fueron diputados oficialistas, quienes solicitaron que se deje sin efecto el Acuerdo Legislativo 6-2025, por medio del cual se avaló la sanción y publicación del decreto. Además, pidieron que el veto presidencial sea remitido a la CC para emitir una opinión consultiva sobre su validez.
Los legisladores afines al Ejecutivo argumentaron que la aprobación del acuerdo vulneró el procedimiento constitucional correspondiente y llamaron a los magistrados del alto tribunal a resolver de forma expedita, con la emisión de un amparo provisional antes de que el decreto sea publicado en el Diario de Centro América.
Por su parte, la otra facción disidente del oficialismo, el grupo de Raíces, también presentó una acción de amparo en contra del acuerdo gubernativo 6-2025 y que se deje en suspenso el mismo para que no entre en vigencia el decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero a los Codedes.
El diputado Samuel Pérez explicó los alcances que podría tener un eventual amparo provisional.
Cabe mencionar que otros bloques legislativos también se unieron a este amparo presentado por el grupo de raíces, entre ellos la bancada Victoria, ya que consideran que la Ley ordinaria legislativa, es superior a un acuerdo que califican como ilegal.
Al finalizar la jornada de este jueves, los diputados del bloque Legislativo VOS, también acudieron a la máxima corte argumentando una serie de inconstitucionales que cometieron los 86 diputados que decidieron aprobador dicho acuerdo legislativo, el pasado martes, presentando una tercer acción de amparo.
Ya será el pleno de magistrado de la CC quienes decidan si conocerán cada una de las acciones por individual o unificarán las peticiones en un solo trámite para solicitar información al Congreso de la República sobre el procedimiento realizado.
En tanto, los diputados de oposición confían en que actuaron de forma legal y en que las acciones presentadas serán rechazadas, según explicaron, porque no se puede impugnar una normativa o acuerdo que todavía no ha cobrado vigencia.
Por Bryan Choy
