El Minfin propone la iniciativa 6688 para actualizar los montos de compra del Estado y modernizar el sistema de contrataciones, con más controles y procesos claros.
El Ministerio de Finanzas presentó la iniciativa 6688, con la que busca modernizar la Ley de Contrataciones Públicas y ajustar los límites de compra que utilizan las instituciones del Estado. La propuesta plantea que estos montos se actualicen cada cuatro años, tomando como referencia la inflación y los cambios del mercado, para evitar que la normativa vuelva a quedar desfasada.
Los nuevos rangos que se plantean elevan de forma considerable los límites de compra.
La compra menor llegaría hasta Q35 mil; la contratación simplificada aplicaría entre Q35 mil y Q300 mil; las cotizaciones cubrirían montos de Q300 mil a Q2 millones; y cualquier adquisición por encima de esa cifra deberá tramitarse como licitación.
Las autoridades señalan que estos ajustes buscan sustituir techos que ya no responden al costo real de bienes y servicios, como el límite de Q25 mil que aún se utiliza hoy.
- Compra menor: aumentaría el límite hasta Q35 mil, superando el tope actual de Q25 mil.
- Contratación simplificada: aplicaría desde Q35 mil hasta Q300 mil.
- Cotización: abarcaría adquisiciones entre Q300 mil y Q2 millones.
- Licitación: todo monto superior a Q2 millones, formalizando procesos más amplios.
Uno de los propósitos centrales de la iniciativa es que los montos de contratación se establezcan con criterios económicos verificables y no mediante ajustes improvisados.
Tras la aprobación de la ley, el reglamento debería definir un mecanismo de actualización periódica, mientras que Guatecompras incorporaría funciones para identificar ofertas incompletas, proveedores que no cumplen requisitos y otras irregularidades recurrentes en los concursos.
En Finanzas explican que la norma vigente acumula 33 años de uso y catorce reformas parciales que han dejado vacíos, contradicciones y procedimientos poco claros.
La propuesta busca ordenar el sistema mediante procesos totalmente electrónicos, etapas de contratación uniformes, documentos con el mismo lenguaje para cualquier institución y un seguimiento más riguroso a la ejecución de contratos. También incluye un componente de acceso para que mipymes, empresas lideradas por mujeres y comunidades indígenas puedan competir en condiciones más equitativas.
Por Andrea Palacios
