Guatemala mantiene operativos reforzados de seguridad tras los ataques armados que dejaron diez agentes de la Policía Nacional Civil fallecidos y derivaron en la declaratoria de estado de sitio a nivel nacional.

Desde el martes, patrullajes combinados del Ejército y la PNC se desplegaron en distintos sectores de la capital, principalmente en barrios identificados como zonas de influencia de estructuras criminales.

El movimiento de tropas, la presencia de vehículos oficiales y los recorridos a pie muestran una operación coordinada y permanente en calles y avenidas que históricamente han sido controladas por pandillas.

De acuerdo con información oficial y con lo observado por un periodista de AFP, los operativos incluyen puestos de control, revisión de vehículos y motocicletas, así como patrullajes en puntos estratégicos.

Las acciones se intensificaron luego de los ataques atribuidos a la pandilla Barrio 18, registrados tras la retoma del control de centros penitenciarios donde se mantenían personas como rehenes.

Las imágenes también evidencian a soldados equipados con fusiles, chalecos y cascos blindados patrullando junto a agentes de la PNC, mientras se realizan verificaciones de identidad y controles preventivos.

Previo a los recorridos, efectivos policiales y militares se concentraron en distintos puntos para recibir instrucciones operativas, en un contexto en el que las autoridades mantienen alerta permanente ante posibles nuevos atentados.

El estado de sitio, ratificado por el Congreso, habilita detenciones e interrogatorios sin orden judicial y limita derechos de reunión y manifestación, como parte de las medidas excepcionales para enfrentar la actual crisis de seguridad.

Guatemala atraviesa un escenario complejo de seguridad que llevó al Ejecutivo a decretar un estado de sitio, ratificado con cambios por el Congreso. La medida permite limitar temporalmente ciertas garantías, bajo criterios de necesidad y proporcionalidad, ante amenazas graves al orden público.

No obstante, se establecieron límites claros, excluyendo persecución política y garantizando actividades culturales y procesos de elección de segundo grado, con vigencia hasta el 16 de febrero de 2026.