El pleno aprobó la Iniciativa 5964, que da vida a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación (PGN), una normativa que ordena y moderniza el marco legal de la institución que representa legalmente al Estado y que desde 1994 carecía de una ley propia actualizada.

El Congreso de la República aprobó este martes el Decreto 7-2026, que crea la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación (PGN), con el objetivo de establecer un marco jurídico propio para el funcionamiento de la institución.

Previo a la votación, diputados señalaron que la PGN operaba bajo disposiciones vinculadas parcialmente al Ministerio Público, lo que, según expusieron, generaba vacíos normativos y limitaciones administrativas en su organización y gestión.

Con la nueva ley, la PGN queda definida como una institución pública de carácter constitucional, con autonomía administrativa y financiera, responsable de la asesoría y consultoría jurídica de los órganos del Estado, así como de la representación legal y defensa de los intereses estatales, bajo el principio de legalidad.

La normativa establece una estructura orgánica encabezada por el Procurador General de la Nación y regula de forma específica las funciones de los subprocuradores y áreas administrativas.

Entre los cambios más relevantes se incorpora la figura del Subprocurador de Defensa del Estado, quien podrá sustituir temporalmente al Procurador General, dirigir estrategias de litigio y asumir la representación del Estado cuando así se le delegue.

Asimismo, se fortalece la Subprocuraduría de la Niñez y la Adolescencia, encargada de representar legalmente a niñas, niños y adolescentes sin tutor, promover medidas de protección, intervenir en procesos judiciales y coordinar el Sistema de Alerta Alba-Keneth.

La ley también regula la Dirección General Administrativa Financiera, responsable de la planificación institucional, la ejecución presupuestaria y la gestión interna.

Además, establece disposiciones comunes para los procesos judiciales y administrativos, incluyendo reglas sobre notificaciones, diligencias especiales y la obligación de impugnar resoluciones que afecten los intereses del Estado.

Finalmente, la normativa refuerza el deber de colaboración de todas las entidades públicas con la PGN y amplía sus facultades para actuar de manera urgente en casos relacionados con la protección de la niñez y adolescencia.

Por Bryan Choy