En un programa especial de Destino 2026, el equipo de analistas de Canal Antigua, discutió sobre la toma de posesión de la nueva Corte de Constitucionalidad, el proceso de elección del Fiscal General, el avance de la Ley contra el Lavado de Dinero y las medidas económicas urgentes ante el alza de los combustibles.
Analistas debatieron la coyuntura decisiva que atraviesa el país, marcada por movimientos clave en sus principales
instituciones del Estado, así como cuestionamientos sobre independencia judicial y credibilidad institucional y tensiones jurídicas y políticas. A esto se suma la crisis del precio de los combustibles, que, luego de varias semanas, tiene como reacción un subsidio por parte del Congreso que solo aminorará la emergencia por algunos meses.
El futuro de la nueva CC
El analista Eddy Cano resaltó la “desconfianza” que se mantiene contra las instituciones, resaltando el caso del hackeo a Digecam. “Estamos urgidos de un fortalecimiento institucional, en recuperar la confianza en el TSE y la CC”, dijo.
Por su lado, Conrado Reyes, señaló que las nuevas autoridades no realizarán una “transformación de la noche a la mañana”.
“Uno de los magistrados dijo que de los 10, 6 son nuevos en el quehacer constitucional; hay tres o cuatro que nunca han salido de la docencia universitaria. No podemos esperar mucho. No creo que antes de un año o dos, la corte tenga resoluciones que den un norte doctrinal o que sea diferente a lo recientemente vivido”, dijo.
Consultado el analista José Carlos Ortega, añadió que cada uno de los magistrados tiene designaciones para asesorarles, que es una “práctica usual”. “Se tienen pupilos o tutorías, como los letrados. Pero el reto de la CC ya está, no tardará un año, como los amparos que deben resolverse pronto, como los amparos contra la postuladora de fiscal general y contra el CSU de la Usac, por su elección de rector. Hay importancia en estos amparos que se deben resolver pronto, y le queda un año para llegar al proceso electoral”, explicó.
A esto acotó Cano, que tras la rápida toma de posesión de la nueva magistratura de la CC ya se buscan conocer los referidos amparos, como solicitaron tres togados titulares, por lo que podría decirse que “van acelerados sin oportunidad de aprender”.
Mario Rosales estuvo de acuerdo a que la primera prueba de fuego serán los amparos contra la postuladora para el MP además de la continuidad de Walter Mazariegos en la Usac. “Creo que hubo precipitación en la toma de posesión, ya que se creó una alarma de que el MP estaba buscando la orden de captura contra Astrid Lemus, pero no había una confirmación. Entonces esto creó un ambiente tenso en la toma de posesión. Por eso, para curarse, toman posesión en el primer minuto del 14 de abril. Lemus dijo en una entrevista que la CC debe quitarse la calificación de ser ‘celestial’ y la ‘amparitis” sobre que todo queremos que lo resuelva la corte”, señaló.
Ortega respondió que el sistema está diseñado a recurrir al amparo, pero “se perdieron los límites”. “Era para las personas, para ampararse de los límites del poder. Cuando la CC amparó a la SAT, allí se perdió todo. Fue en un caso de pago de impuestos”, recordó.
Sobre la referida entrevista de Lemus, Reyes opinó que la inexperiencia de quien no ha resuelto casos en la CC, deviene en atreverse a decir “que las cosas pueden ser diferentes”. “No se puede decir que 40 años de doctrina, se cambien de la noche a la mañana”, dijo al recalcar que el amparo tiene una base constitucional.
Retornando a la toma de posesión, Ortega acotó una “guerra sicológica” por el miedo a que se truncara detentar los cargos en la nueva CC, pero no solo en esta entidad, sino en otras que han cumplido o cumplen su proceso de renovación. “Yo sí espero que haya fiscal y que se resuelvan los asuntos. Hay estupideces para tratar de eliminar a contendientes”, indicó.
Doble discurso en subsidio
Retomando su opinión sobre el amparo, Reyes acotó que los magistrados “no pueden ser ajenos” a la historia nacional y a sus temas en las que la corte tiene que resolver. El analista aprovechó para introducir el tema sobre el subsidio aprobado por el Congreso para los precios de los combustibles, que, a su criterio, seguramente no estará ajeno a acciones legales. “Con el subsidio además se podrían presentar amparos y la CC puede resolver provisionalmente”, agregó.
Cano recordó que los “tuits envejecieron mal” pues diputados oficialistas y Bernardo Arévalo, en su paso como legislador, rechazaron los subsidios con anterioridad, y ahora los apoyan estableciendo una deuda millonaria.
Al respecto, Ortega criticó el rol que se otorga el actual gobierno, asumiéndose como “diferente” a pasados, pero que el procedimiento del subsidio será el mismo al otorgárselo a las empresas “en lugar de al consumidor”. “La incongruencia es creérsela, porque ellos sí creen en los subsidios, pero el asunto es que lo hace él (Arévalo) y no otros”, explicó.
La controversia sobre los requisitos para fiscal general
Sobre la controversia en cuanto a amparos contra la postuladora para fiscal general, Ortega criticó la acción de CEDECON sobre que ejercer como jueces no vale como experiencia profesional en abogacía. Rosales dijo que la acción judicial tiene “un nombre y apellido” al citar al actual titular del Mingob, Marco Antonio Villeda, quien sería el principal afectado si la medida se aplica.
Reyes resaltó que la Carta Magna cita que un postulante debe tener 10 años de ejercicio de forma liberal como abogado o tener experiencia en una sala de apelaciones, en el caso de aspirar a la CSJ, normas que son las mismas para fiscal general; pero Villeda carece de ambas, explicó. “No hay un error o interpretación, pues la Constitución es clara. No hay sentencia en 2014, como dicen algunos en redes sociales. Villeda nunca ha sido magistrado de sala y su trabajo en un juzgado de extinción de dominio no cumple el requisito”, indicó.
Rosales opinó que Villeda podría además ser un “gallo tapado” para que el designado o elegido por Arévalo, sea otro candidato.
“De los 5 candidatos bien calificados al momento, 3 de ellos es su segunda vez que van con un punteo alto. Lo que se está calificando es cantidades no calidades. No califican su tipo de actuación, y eso es indispensable de la conciencia del comisionado”, señaló Ortega.
Reyes, por su lado, criticó que Arévalo se “adelantó a una confrontación innecesaria” al asegurar que Consuelo Porras no es idónea.
“El presidente cometió un error en hablar de la idoneidad de Porras, porque puede abrir la puerta para impugnar el proceso. Allí entran los asesores políticos de la presidencia. Le hubieran dicho que no nombrara a Porras ni a nadie, y solo que se refiriera a que elegirá al mejor perfil”, añadió Rosales al respecto.
Agregó que según algunas fuentes, el consenso se establece en que el electo, no sea un fiscal que pueda estar ligado a la presidencia o a Porras. “Es para que este 17 de mayo se acabe este choque de trenes, que esto tiene que parar, y no que se diga que durante los últimos 10 años se van a pagar cuentas del anterior MP”, dijo.
Ortega explicó que la postuladora debe tener la responsabilidad de crear una nómina para que el presidente no escoja a una persona desde lo político, sino en la idoneidad.
“Pero desde antes de la toma de posesión ya había un enemigo, pero ha sido un desgaste. No ha sido un desgaste entre personas, entre un presidente y una fiscal, sino de las instituciones”, declaró por su lado Cano.
Reyes fue más allá, pues aseguró que los ataques al MP por parte del Ejecutivo buscan encubrir los casos de corrupción que se ciernen a su criterio contra el gobierno, como la desaparición del ex ministro Francisco Jiménez, y la fuga de pandilleros, entre otros.
