En ALas845 hablamos de, “Justicia, poder y reformas: el pulso jurídico y legislativo de Guatemala”.
Los invitados Edgar Taylor, doctor en Derecho Penal; y Ricardo Córdova, doctor en Derecho, analizaron las recientes resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) relacionadas con el proceso de elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, el debate sobre posibles reformas legales respecto a la remoción del Fiscal General, la discusión sobre la nueva Ley contra el Lavado de Dinero y otros Activos, y la evaluación de la producción legislativa y coordinación política en el Congreso de la República durante el cierre de la primera parte del período legislativo.
En cuanto a la controversia por la obligatoriedad de publicar o no un acuerdo con el nombramiento de Gabriel García Luna, Córdova dijo que ya se envió una notificación de la Presidencia hacia el MP, en donde se hace constar la designación. “El formalismo ya está cumplido. Han existido ciertas dudas, porque hay juristas que dicen que debía publicarse en el diario oficial, pero la ley del MP no establece la publicación. Donde se encuentra confusión es en el artículo 6 de la ley del organismo judicial, pero no se refiere a un nombramiento para fiscal”, dijo.
Taylor señaló que al final es la CC la que interviene en estos casos, pero “se ve con mucho ánimo” la toma de posesión del nuevo fiscal. “Comparto la idea de que no es aplicable otra normativa más que la constitucional; no tendría que tener ningún obstáculo para tomar posesión”, dijo.
Sobre la judicialización y la proliferación de amparos en el proceso para fiscal general, Córdova no deja de apartarse del tema político, porque son “entes de control” que generan poder. “Bajo este esquema vemos la judicialización que vemos con estos amparos. Ahora la CC los remite al centro de auxiliares del servicio civil, para que sorteen los amparos y que los jueces los verifiquen; aunque lo que entiendo es que cuando la CC no los confirió los amparos, los jueces tampoco darán lo provisional”, explicó.
Si los amparos pierden materia luego que tome posesión el nuevo fiscal, Taylor dijo que se debe “estar claro” que se hará efectivo el traspaso de mando. “La CC está diciendo que no debe entender sobre esto y los remitió, por eso es un peso muy grande para jueces de apelaciones o de primera instancia. Pero ya el nuevo fiscal electo, sufrió suficiente desgaste que estamos cuestionando, pero ya dejemos en paz el tema, y veamos el principio de alternabilidad y que tome posesión. Veo con pocas luces de entorpecer la toma de posesión”, indicó.
Ante la cuestión de que la primera nómina fue anulada, y ahora la CC no buscó conocer los amparos, Taylor dijo que la “gran perdedora” fue Tatiana Morales, una de las candidatas que quedó fuera en la segunda lista. “Fue un rol de la postuladora. Pero tenemos una ley cuestionada y que no llena las expectativas. En un momento determinado la CC termina siendo ‘diosito’ en casos ordinarios y políticos”, señaló.
Córdova, consultado por el uso del amparo que establece una “guerra jurídica”, resaltó que se trata de una herramienta que es derecho de todos. “Es imposible que evitemos que pase. La legitimación activa la tengo yo, porque considero que tengo derecho vulnerado. Hay entidades que se han arrogado el derecho. Eventualmente es un tema político y Guatemala tiene la medalla de plata en condenas de la Corte Interamericana de Justicia. Hay ocasiones en que la CC en vez de resolver conforme a derecho, lo hace con interés político”, aseguró.
Taylor sobre si el nuevo fiscal podría retomar una reforma constitucional al sector justicia, indicó que “sería un desafío”. “No es su función. Pero sería excelente si promueve reformas a varias elecciones, no solo a una. Por ejemplo de la Contraloría. Se ha prostituido ahora la ley de comisiones de postulación. Cada actuación nos enseña que no es una ley funcional. Los magistrados de sala y de CSJ deberían de ser personas con recorrido en el área”, señaló.
Córdova aseguró que no es el proceso de elección el problema, sino que quienes asumen el cargo “en el camino se desvían”. “Han existido jueces de carrera y otros que ya no están, afortunadamente. Desgraciadamente no hay una tabla real que evalúe realmente, con un examen donde se pueda ver que la persona tiene conocimiento de lo que hará. Si es una persona que no sabe administrar, la entidad en sí no tendrá el desarrollo que necesita; pero si ponemos a alguien que no sabe de derecho penal, sería complejo también”, dijo.
En relación a la Ley Antilavado que no se termina de aprobar, Taylor dijo que el nuevo fiscal general debería apoyarla, y resaltó que no existe un estudio en cuanto a la normativa. “En Guatemala se legisla de cosas que ya están legisladas; lo que deberíamos hacer es des legislar”, resaltó.
