En ALas845 hablamos de, “Ministerio Público bajo evaluación: cobertura, resultados y el desafío de la efectividad”.
El invitado David Casasola, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), quien presentó un estudio institucional del Ministerio Público (MP), analizando la expansión de cobertura territorial, reducción de denuncias pendientes y desempeño en judicialización de casos, así como la efectividad de los procesos penales, las tasas de condena y las expectativas frente a la llegada de una nueva administración al frente del MP.
Dudas en la efectividad de la cobertura del MP pregonada por Porras
Ante la duda de “cómo recibió” la institución Gabriel García Luna, el nuevo fiscal, Casasola dijo que el “ideal” de la gestión de Consuelo Porras fue la cobertura del MP.
“La meta era de lograr tener una fiscalía en todos los municipios del país y esto arrancó una dinámica de crecimiento y de personal. Empieza de alguna manera con una visión que si bien se llevaron fiscalías, estas no tenían todos los recursos y no había la presencia de entidades como el Inacif. De alguna manera se arranca con una estrategia interesante pero no ligado a territorios con presencia delictiva, y sobre todo a un crecimiento al cual no llegan otras entidades. La duda es cómo se retomarán estas fiscalías y que relación tendrán con otras instituciones de la cadena de justicia”, dijo.
Sobre el porcentaje de denuncias que se convirtieron en un caso, se judicializaron y llegaron a los tribunales, Casasola indicó que a lo largo de distintas administraciones se ha tenido el problema de la calidad de investigación. “Lo que ocurrió es que se aumenta la mora fiscal, y lo que pasó es que se les buscaban salidas que no necesariamente eran para judicializar. Antes de Porras se acumulaban, pero luego se judicializaron pero poniéndolas bajo la alfombra, dándoles una salida no necesariamente hacia tribunales”, dijo.
Una salida “rápida” a casos
Citó que previo a Porras había un 6 % de judicialización, pero ya en su gestión, se les buscó una “salida rápida” a algunos casos y el indicador cayó a un 3.1 %. “Entre el 2018 y el 2025 de todas las salidas, el 3.5 % ya son casos que el MP pasa al OJ quien es el encargado de efectuar algún tipo de condena”, indicó.
“Del 2021 de tener 2 millones de casos pendientes, al 2025 se bajó a tener 198 mil. Pero el 96.5 % fueron salidas que no implicaron un proceso de judicialización”, reveló.
Añadió que del 2021 al 2018 se disminuyeron los casos pero no implicando una judicialización, y el porcentaje de los que llegaron a tribunales y se convirtieron en una condena. Casasola aseguró que esta medición la centraron en los homicidios o delitos contra la vida. “Hallamos un nivel similar y se eleva un poco más las salidas que implican acusaciones. A nivel de homicidios un 80 % de casos que son judicializados, son casos que terminan con sentencias condenatorias”, explicó.
El analista dijo que no se aplicaron “tiempos y calidades” al Organismo Judicial, pues también cuentan con mora pero “no se la pueden quitar tan fácilmente”.
Casasola señaló que si en el pasado había una mora alta, era por el “temor” a desestimar casos. “El paradigma de no desestimar aunque se quede el caso congelado, porque pueden criticar, cambió. Ahora ya se tienen plazos y ya genera el incentivo. Hay grandes desafíos en investigación sobre los que actualizarse. Del otro lado hay crimen organizado que se perfecciona. No es un tema de recursos sino de prioridades”, resaltó.
Las extorsiones
En el caso de las extorsiones y los pocos avances para confrontarlas, Casasola citó que el eje central es el poco control del Sistema Penitenciario en donde se genera el 80 % de las amenazas. “Ahora están los famosos imitadores que no hacen daño, pero tienen la capacidad de amenazar; hemos visto que desde el 2021 han venido al alza”, dijo.
En este sentido, sobre si el MP tiene suficiente presupuesto y recursos a futuro, el investigador dijo que en el CIEN han investigado tres delitos: agresiones contra las mujeres, las extorsiones y homicidios. “En este último el mayor desafío es recuperar medios de prueba, y lograr dar confianza para que las personas den declaraciones. El programa de testigos es muy débil para acoger a las familias, y usualmente las personas se arrepienten. Y ante la ausencia de medios de prueba, si no hay un testigo, es muy difícil avanzar”, señaló.
La FECI y el trabajo interinstitucional
En relación al anuncio del cierre de la FECI, Casasola explicó que la estrategia de comunicación es clave, y señaló que en las últimas tres administraciones no se supo “cuál es el criterio de priorización”. “Es un tema muy importante de comunicación. Dos, es de entender qué pasó con esos casos, con claridad. Además, es de conocer a qué fiscalías se le dará prioridad para conocer esos casos. También, en muchos casos que se le señaló al MP no iba solo, sino que habían jueces que avalaban. Pueden haber casos con interés pero si no hay acompañamiento, se detienen los expedientes en otro punto”, resaltó.
Casasola añadió que en el caso de la gestión de García Luna, se debe cuestionar qué modelo se empleará y cómo se recuperará la coordinación interinstitucional. “Recuperar el trabajo a nivel interinstitucional es importante. El gran sueño es tener un número único para casos. Cómo darle a la población herramientas para que ya no sean discursos, sino que se sepa dónde va su caso y ver tiempos”, agregó.
