La discusión sobre la iniciativa de Ley Antilavado y Contra el Financiamiento del Terrorismo ha cobrado relevancia en Guatemala debido a los compromisos internacionales que el país debe cumplir para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y evitar sanciones que afecten al sistema financiero nacional.
Durante el programa #ALas845, José Córdova, director ejecutivo de la Cámara de Finanzas de Guatemala, y Enrique Búcaro, abogado y notario especialista en temas corporativos con maestría en finanzas, analizaron los alcances de la propuesta y los riesgos que enfrenta el país si no se moderniza la legislación vigente.
Una ley que data de 2001
Córdova explicó que el delito de lavado de dinero ha evolucionado junto con las estructuras del crimen organizado, por lo que considera necesario actualizar una ley que fue aprobada hace más de dos décadas.
Según indicó, la necesidad de modernización fue señalada desde 2016 durante una evaluación realizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organismo que advirtió sobre la urgencia de adecuar la normativa guatemalteca a los estándares internacionales.
“El lavado de dinero es un delito transnacional que evoluciona conforme a la creatividad del crimen organizado y las redes que existen. Tener una ley que data de 2001 para 2026 demuestra la necesidad de actualizarla”, señaló.
Asimismo, recordó que la Superintendencia de Bancos impulsó mesas técnicas para reformar la legislación desde 2020 y que la actual iniciativa retoma esos esfuerzos con el objetivo de alinearse a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Evaluación internacional en 2027
Córdova destacó que Guatemala será sometida en febrero de 2027 a una nueva evaluación internacional para verificar el cumplimiento de los estándares contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros.
Explicó que existe una percepción equivocada sobre la propuesta, ya que no busca complicar los procesos financieros sino hacerlos más claros y eficientes mediante un enfoque basado en riesgos.
“Una institución financiera no debe tratar a todos los usuarios de la misma manera. La evaluación se enfoca en identificar a quienes representan mayores riesgos”, afirmó.
Sector empresarial expresa inquietudes
Por su parte, Enrique Búcaro indicó que parte de la preocupación del sector empresarial radica en la posibilidad de ser catalogado como de “alto riesgo”, lo que podría generar procesos bancarios más rigurosos y costosos.
Sin embargo, señaló que las evaluaciones de GAFILAT se realizan principalmente a nivel país y que la iniciativa no crea figuras legales completamente nuevas, sino que actualiza la normativa existente.
“Lo que realmente viene es una actualización de la legislación vigente. Debemos analizar cómo se interpretarán y aplicarán los procedimientos dentro del marco legal”, explicó.
Impacto económico y financiero
Los especialistas coincidieron en que no aprobar las reformas podría generar consecuencias para la economía nacional.
Córdova advirtió que Guatemala podría enfrentar dificultades para mantener relaciones de corresponsalía bancaria internacional, lo que encarecería productos financieros, transferencias y remesas.
Además, señaló que una eventual inclusión del país en listas de vigilancia internacional afectaría la inversión extranjera y podría incrementar la informalidad económica.
“Necesitamos actualizar la ley para evitar que Guatemala se convierta en un destino atractivo para redes criminales y para mantener la confianza de los bancos internacionales”, indicó.
Buscan fortalecer la conexión financiera internacional
Búcaro destacó que la propuesta también contempla regulaciones para entidades supervisadas, profesionales y administradores de empresas, además de fortalecer los mecanismos de prevención.
Según explicó, la armonización de la legislación guatemalteca con estándares internacionales permitiría mejorar la conexión con bancos extranjeros y facilitar el movimiento de capitales de manera segura.
Ambos expertos concluyeron que la actualización de la normativa es clave para mantener la competitividad del país, fortalecer la lucha contra el crimen organizado y preservar la confianza del sistema financiero internacional.
