La toma de posesión de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala continúa generando reacciones. El pronunciamiento de la Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática se produce después de que asumiera el cargo para un nuevo período, en una jornada marcada por manifestaciones a favor y en contra, controles de ingreso al campus central y un contexto de cuestionamientos al proceso de reelección.
La misión recordó que el proceso rectoral ha estado acompañado por señalamientos sobre la integración del cuerpo electoral, exclusión de electores, acreditaciones selectivas, acciones judiciales pendientes, denuncias de intimidación y dudas sobre la igualdad de condiciones en que se desarrolló la elección.
Asimismo, tomó nota de la información pública relacionada con la situación del finiquito y de las denuncias penales pendientes vinculadas con Walter Mazariegos, aclarando que la existencia de investigaciones no implica responsabilidad penal y que debe prevalecer el principio de presunción de inocencia. Actualmente existen 17 denuncias en trámite relacionadas con actos de administración universitaria y Mazariegos no cuenta con finiquito vigente.
En su comunicado, la OEA señaló textualmente: “La asunción del cargo no cierra una controversia institucional no resuelta, ni puede interpretarse como una convalidación automática de un proceso cuya integridad continúa siendo seriamente cuestionada por amplios sectores de la comunidad universitaria y de la sociedad guatemalteca”.
La misión también exhortó al Consejo Superior Universitario, a las autoridades universitarias y a las instituciones judiciales y de control a resolver las acciones pendientes con independencia, imparcialidad, celeridad y transparencia, con el objetivo de brindar certeza jurídica al proceso. Además, hizo un llamado a que cualquier diferencia se canalice por vías pacíficas e institucionales y rechazó toda forma de violencia, intimidación o criminalización contra integrantes de la comunidad universitaria, periodistas, observadores y sociedad civil.
Redacción Web
