El sistema penitenciario guatemalteco vuelve a estar bajo escrutinio ante nuevos hechos de violencia dentro de centros de detención.

La situación ocurre después de meses en los que las cárceles han enfrentado fugas, denuncias de cobros ilegales, requisas y cuestionamientos sobre su capacidad de control. En junio, el Congreso fiscalizó precisamente las fugas de Fraijanes II y el cobro de “talachas”, mientras el Gobierno reporta acciones para fortalecer la seguridad penitenciaria.

La discusión trasciende la seguridad: el Estado tiene la obligación de custodiar a quienes están privados de libertad y proteger su integridad. La pregunta es si actualmente cuenta con las capacidades institucionales para hacerlo.

Franck Steven Ríos Ríos, Relator presidente de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, destacó que urge una reforma al Sistema Penitenciario, el derecho es evolutivo porque las sociedades son cambiantes.

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Redacción por Roxana de León