En ALas845 hablamos sobre “Ley de Aguas: ¿Cómo se quiere ordenar y proteger el recurso hídrico de Guatemala?”.
La invitada Patricia Orantes, ministra de Ambiente y Recursos Naturales, conversó sobre la propuesta de Ley de Aguas impulsada desde el MARN y sus objetivos, alcance, proceso de construcción y coordinación interinstitucional. Además, del proceso de actualización del Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental (RECSA), orientado a modernizar los procedimientos ambientales, digitalizar trámites y mejorar la transparencia y eficiencia institucional.
Ley necesaria
Orantes dijo que no se puede predecir qué ocurrirá en el Congreso con la iniciativa de ley, pero el país “necesita” la normativa. “Tenemos por tanto una obligación moral todos. El trabajo era poner una propuesta lo más técnica posible y consultada, pero ahora le toca al Congreso escuchar. Ahorita estamos en medio de un fenómeno extraño como es el Super Niño, y se espera que hayan incendios como los de 1988 cuando se perdieron miles de hectáreas y por eso hay que gestionar el agua”, dijo.
Sobre si han existido sanciones contundentes por abuso del recurso, Orantes indicó que las aguas “mientras no se le haga caso a la Constitución, son huérfanas”. “Ahora es la ley del más fuerte, y el que tenga más recursos tiene la posibilidad de tener riego y de hacer una gran cisterna en su casa y atrapar mucha agua. La Constitución dice que es un bien social y el delito en el Código Penal del desvío de ríos existe, pero no hay quien cuide las aguas y regule estos delitos. Es que se den todos los usos, sin que se dañen unos a otros”, explicó.
Añadió que Alta Verapaz es un “caso particular de injusticia”, y recordó que la hidroeléctrica de Chixoy “se hizo sin ley de aguas”. “En su represa logra almacenar el 95% del agua que almacenamos en todo el país. Entonces la ley le da el mandato para que la entidad pertinente pueda levantar infraestructura para almacenamiento en todo el territorio. Mientras no tengamos ley, casi nadie en el Estado tiene la competencia de poder hacer algo con las aguas”, dijo.
Socialización de la propuesta de ley
Acerca de cómo fue la incorporación de sectores para respaldar la propuesta, la ministra señaló que la normativa evitará “que se continúe privatizando el agua”. “Es un bien de dominio público, el Estado no lo puede vender, sino que es de todos. Le tocará al Estado administrar las aguas para asegurar que todos tengan acceso. La propuesta se construyó con la gente, y le dimos dos vueltas al país y tuvimos 26 paradas y reuniones con organizaciones alrededor del agua, y además con el sector privado. Lo primero fue compartir un diagnóstico, y hablamos de que aunque tenemos mucha agua, estamos pasando a la escasez”, explicó.
Añadió que luego se sacó a consulta o discusión los 6 grandes pilares de la ley, como los objetivos y la institución que se creará para regir el tema. “Luego se puso un borrador en la web y recibimos al menos 3 mil comentarios y 120 propuestas escritas que se nos entregaron formalmente. Fue un trabajo muy acucioso de mucha responsabilidad porque es una ley a la que la gente le ha tenido miedo”, resaltó.
Orantes citó que las leyes anteriores han vencido a “tres enemigos”. “El primero es la desinformación y luego los intereses particulares, y el tercero es que se había relegado el rol de la población indígena en el uso del agua”, dijo.
En cuanto a detalles específicos por la gestión en el ámbito privado, explicó que la ley levanta un “sistema de aprovechamiento” para el sector de consumo privado. “No hay licencias, ni cobros ni nada. Para la agricultura y la industria de alimentos, allí sí se levanta un sistema de licencias para que las empresas puedan usar cierta cantidad de agua para su proceso productivo, y se utiliza la figura de un canon. Una de las recomendaciones del sector privado, es que nos dijeron que el canon se invierta, no en burocracia, sino en la cuenca y entonces el 75 % del canon que se cobrará a las empresas se invertirá en las cuencas para recuperar bosques”, dijo.
Orantes en cuanto a la gestión ambiental y la resistencia de algunos sectores, narró que al llegar a la cartera de Ambiente encontró un índice de dos universidades que miden cómo los gobiernos gestionan el ambiente, y Guatemala estaba “en la cola”. “Entonces nos pusimos 4 grandes objetivos y reorientamos todo. Era de transformar las licencias ambientales, todo el sistema, el tema de las aguas, y combatir la impunidad ambiental. El sistema de licencias ambientales pasó años resguardando su interés particular de los ministros, cuidándose de no pelear con las municipalidades prevaleciendo el interés particular y politiquero. El otro es el tema cultural”, indicó.
Discusión en el Congreso de la propuesta
La funcionaria resaltó la necesidad que la Comisión de Ambiente del Congreso abra sus puertas para escuchar a todos los sectores de la sociedad interesadas en la normativa. “Definitivamente es mejorable, y lo perfecto es enemigo de lo bueno y entonces hay que escuchar a todos. Sin embargo, hay temas importantes en esa discusión que sí hay que resguardar, y es que buscamos que un sistema sea lo menos manejable de forma política y que sea absolutamente técnico. Por ejemplo, el directorio de 4 integrantes, nunca está integrado por ministros ni por funcionarios, ni por personas que están designadas por un solo presidente, por lo que los integrantes no responderán a un solo gobierno. Además, no incorporar a grupos que serán regulados, en el órgano de dirección de las aguas, eso sí lo defiendo, para evitar el conflicto de intereses. También la ley no tendrá representación en los departamentos sino en las cuencas en donde habrá autoridades”, explicó.
Añadió que instalaron mesas para que los alcaldes presenten sus dudas para generar un “andamiaje de gestión” con seguridad hídrica; pero, sobre todo, con “tranquilidad y paz”.
En cuanto al sistema sancionatorio, Orantes dijo que se establece un régimen que se guía por la proporcionalidad. “Tratamos que se desjudicialice el tema de la sanciones, y se desarrolla la sanción administrativa de una forma muy amplia. En las dos rondas que le dimos al país, el nivel de preocupación y la indignación por la impunidad por la contaminación de las aguas, es muy fuerte, y la ley así contesta con esa fuerza sancionatoria. La contaminación por basura es tremenda y no hay forma de solucionarla si no levantamos un sistema de gestión. Hay un vacío en todo lo que es el saneamiento ambiental. No se trata más del 10% de las aguas residuales, y el manejo integral de la basura no pasa del 5%”, replicó.
La ministra aseguró que se preparó una carpeta a cada uno de los diputados de la Comisión de Ambiente del Congreso sobre la propuesta de ley, para que la conozcan a profundidad. “Es increíble que todos reconozcan que en sus departamentos hay problemas del agua. He platicado con mujeres en un departamento y me contaron que tienen que pagar al año Q35 mil para tener acceso a agua para el riego, lo cual es increíble”, dijo.
Resaltó que el Ministerio de Agricultura no ha podido desplegar un sistema de riego porque no existe una ley de aguas. “No es de quitarle el agua solo a algunos, sino que hay que gestionarla. Ahorita los mapas hídricos que tenemos dicen que el potencial de agua subterránea no supera el 17% en todo el país. Por eso la ley les dice dónde está ubicada el agua para poder gestionarla”, añadió.
Por la entidad regulatoria que se crearía con la ley, Orantes aseguró que buscaron “despolitizar” lo más posible su integración. “Es de darle oportunidad a esta legislación, pero no la ataquemos por medio de la desinformación. Por eso es importante la discusión transparente en el Congreso”, finalizó.
