Un proyecto de auditoría social alcanzó 20 municipios, mientras persisten señalamientos ciudadanos sobre posibles prácticas de corrupción y dudas sobre la respuesta institucional.

La vigilancia ciudadana sobre los recursos públicos intenta ganar espacio como mecanismo de fiscalización, aunque su alcance sigue siendo limitado. Un proyecto de auditoría social llegó a siete departamentos y 20 municipios, frente a una problemática que se extiende a nivel nacional.

La iniciativa tuvo una inversión de Q17 millones, según informó Sofía Villatoro, directora del Centro Carter en Guatemala. La propia organización reconoce que la cobertura alcanzada todavía resulta insuficiente frente a las necesidades de transparencia y fiscalización del país.

Una consulta de la Comisión Nacional contra la Corrupción recogió respuestas de más de 2 mil 600 personas en 225 municipios sobre posibles prácticas corruptas.

Los reportes incluyen presuntos sobornos para empleos o trámites e irregularidades en infraestructura y contrataciones.

Los resultados reflejan que la preocupación no se concentra únicamente en grandes casos, sino también en la relación cotidiana de los ciudadanos con instituciones y servicios públicos.

Durante la actividad, el presidente Bernardo Arévalo reconoció que persisten amenazas, amedrentamiento y criminalización contra personas vinculadas a esfuerzos anticorrupción.

Arévalo también trasladó parte de la responsabilidad a la ciudadanía, al señalar que debe mantenerse vigilante frente a posibles actos de corrupción.

Pero la vigilancia ciudadana tiene límites si los señalamientos no encuentran respuesta institucional. La auditoría social puede generar alertas y exigir explicaciones, pero investigar, determinar responsabilidades y sancionar corresponde a las instituciones competentes.

Por Daniela Florián