El Ministerio Público recibió a fiscales federales de Estados Unidos para fortalecer la cooperación contra el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de dinero y el tráfico de personas. Durante la reunión, el fiscal general Gabriel García Luna también señaló los riesgos de posibles vínculos entre estructuras criminales y actividades políticas o electorales.
Fiscales de Guatemala y Estados Unidos pusieron sobre la mesa investigaciones que cruzan las fronteras de ambos países, desde narcotráfico y lavado de dinero hasta tráfico y trata de personas.
La reunión incluyó fiscales de nueve distritos federales de Estados Unidos, funcionarios del Departamento de Justicia y representantes de agencias como la DEA, el FBI y HSI.
El objetivo de la coordinación es compartir información y dar seguimiento a estructuras criminales que operan en ambos países, incluyendo el movimiento del dinero que utilizan para financiar sus actividades.
El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, Jorgan K. Andrews, aseguró que su país mantendrá la cooperación para perseguir no solo a estas organizaciones, sino también a quienes les proporcionen recursos o protección.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se refirió a la coordinación con las autoridades estadounidenses y al fortalecimiento de las capacidades de seguridad.
La agenda también incluyó extradiciones, asistencia jurídica y seguimiento financiero, herramientas utilizadas cuando una investigación involucra personas, dinero o estructuras que operan en más de un país.
Pero hubo otro tema que llevó la discusión al terreno político: la posibilidad de que dinero proveniente de actividades ilícitas llegue a espacios políticos o electorales.
El fiscal general Gabriel García Luna se refirió a este fenómeno como “narcopolítica” y sostuvo que debe abordarse desde la investigación penal.
El señalamiento cobra relevancia a medida que Guatemala se acerca al proceso electoral de 2027. García Luna ha indicado que existen denuncias relacionadas con posibles casos de narcopolítica y que la Fiscalía de Delitos Electorales prepara una estrategia para ese período. También ha precisado que cada denuncia deberá ser investigada para determinar si existen elementos que permitan establecer un posible delito.
La coordinación también contempla fortalecer la investigación financiera y el intercambio de información entre fiscalías para seguir la ruta del dinero e identificar posibles vínculos con estructuras criminales.
La reunión plantea así tres líneas de trabajo: intercambio de información, seguimiento de las finanzas criminales e investigaciones transnacionales. En Guatemala, uno de los puntos bajo atención será determinar, mediante investigaciones concretas, si existen recursos ilícitos vinculados con actividades políticas o electorales rumbo a 2027.
Por Daniela Florián
