El pasado martes en el programa de análisis de #ALas845 se abordó la exigencia de la ONU, por medio del Grupo de Trabajo Sobre Detención Arbitraria, de la liberación de la exfiscal Virginia Laparra.
Rodrigo Montúfar, catedrático universitario; y Arturo Miranda, abogado penalista, analizaron si esta petición puede interpretarse como una posible intromisión de la ONU en asuntos jurídicos del país.
Petición ideológica o válida
Miranda no tuvo dudas y adujo que “ni siquiera el Presidente” podía interferir en una decisión de juez. El abogado lanzó la pregunta al aire sobre que ese grupo de Naciones Unidas no se pronunció en otras ocasiones sobre casos similares.
“Habría que preguntarse dónde estaba ese grupo de la ONU cuando fallecieron dos médicos en el caso IGSS-Pisa. A uno se le negó la medida sustitutiva y falleció en Mariscal Zavala. Yo no vi por ningún lado que aparecieran. Pero ahora que es la exfiscal se aparecen. Allí es donde veo que hay una tendencia ideológica”, enfatizó Miranda.
Desde un punto de vista más de las relaciones internacionales, Montúfar indicó que la petición del grupo de trabajo de la ONU es válido, pues su labor es expresarse por lo que considere detenciones arbitrarias en el mundo y las violaciones a derechos que pueda integrar.
“Creo que este grupo lo está haciendo bien, pues es un delito menor que mantiene en prisión a una profesional. Esto sin confundir ideología, pues se trata de derechos humanos. En otro antecedente, el Secretario General de la ONU denunció el caso de Jeanine Áñez. Este grupo no va en aspectos ideológicos”, dijo Montúfar.
El académico además dio una explicación sobre lo que se entiende como capturas arbitrarias.
“Hay una diferencia entre detenciones arbitrarias e ilegales. Pueden ser arbitrarias cuando sobrepasan la pena impuesta, con la sanción que realmente le correspondería. Constituye la violación de los derechos humanos, se trate de quién se trate. La misma ONU ha incurrido en esto. La Corte Penal Internacional condenó a Slovodan Milosevic y falleció en la cárcel. Nadie se libra de una acusación así. Aquí también hubo militares detenidos desproporcionadamente luego del final del conflicto armado. Es buena la labor de ese grupo porque lo tiene que denunciar se trate de quién se trate”, recalcó.
En el análisis se resaltó que las peticiones de este grupo no son vinculantes y constituyen un elemento más de “concientización”, que de se acatadas.
Gobierno debe contestar
Sobre si el Gobierno debe responder a la postura del ente extranjero, ambos analistas concordaron que la respuesta debe darse para respetar acuerdos internacionales de los que el país es parte.
“Si pasa un mes sin pronunciamiento, se tiene como aceptado. El gobierno tiene que dar una respuesta, porque si no, se hunde en suposiciones. Tiene que comunicar que no puede inmiscuirse en temas judiciales. Es necesario informar, no quiere decir acatar, sino debe haber comunicación. Se aplicaría el criterio de que el que calla otorga. El canciller respondió bien”, explicó Montúfar.
Miranda, por su parte, siguió en su línea de rechazar que se trate de una detención arbitraria, pero estuvo de acuerdo en que el Gobierno debe pronunciarse ante la solicitud.
“Yo pediría un informe a la CSJ. Yo no lo llamaría una detención arbitraria. Cancillería mandaría la respuesta oficial hacia la ONU. Si se quedan callados, sería un mal precedente. Se está adscrito a tratados internacionales en materia de derechos humanos y hay que respetarlos”, ilustró.
