Un comunicado de la Junta Electoral del Distrito Central ante las críticas por la adquisición de un sistema de conteo de votos alterno al que usará el Tribunal Supremo Electoral (TSE) provocó diversas reacciones e interpretaciones por los calificativos que presenta el escrito y las consecuencias que podría tener.
En el programa de análisis de #ALas845, Renzo Rosal, analista político; y María del Carmen Aceña, experta del CIEN que integró juntas electorales, dieron sus opiniones sobre las implicaciones del pronunciamiento de la junta.
Aceña remarcó que se trataba de un problema de comunicación entre partidos y la Junta Electoral, agregando que las agrupaciones políticas tampoco se involucraron como debieron en conocer este sistema.
“Estuve presente en la primera reunión hace tres meses y el sistema lo que hará es un conteo más rápido. Los fiscales no estaban asistiendo a las sesiones y entonces no estaban informados. Entonces hubo un problema de comunicación”, dijo.
Por su lado, Rosal, resaltó el sentido alarmante que presenta el comunicado, al dejar entre líneas que pueden existir presiones de índole más concreta contra la Junta, pero no dejó de criticar que el escrito solo aviva más el conflicto.
“Genera el desconcierto y darle gasolina al asunto. Hay que dar un paso para atrás. Este cuestionamiento contra el software viene desde muy atrás y es como una bola de nieve. El comunicado no ayuda porque no esclarece. Hasta tiene un tono amenazante”, explicó.
La experta del CIEN recordó que un partido hasta habló de presentar una denuncia penal contra los integrantes de la Junta, algo que calificó como “excesivo”.
“El comunicado de la junta obedece a la denuncia penal. Uno está contando votos y haciendo planificación, y que venga un partido y que lo denuncie a uno penalmente, es un exceso. Estamos judicializando a las juntas electorales”, señaló Aceña.
Rosal insistió en que el comunicado deja entrever que existen otro tipo de intimidaciones que son ilegales, por lo que llamó a la Junta a presentar las denuncias correspondientes.
“No ha existido claridad. Me parece interesante el título que plantean. El tema de las intimidaciones, que serían de otros nivel. Allí sí sería de generar acciones que trastocan el marco legal del país. Uno esperaría que la junta presentaría las acciones legales contra partidos y actores. Si tienen elementos probatorios se podrían presentar acciones ante la fiscalía contra delitos electorales”, señaló.
