En ALas845 hablamos de, “Cárceles sin control: seguridad, vulnerabilidad y derechos humanos en Guatemala”.
El invitado Franck Steven Ríos Ríos, relator presidente de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, analizó la vulnerabilidad de las personas privadas de libertad y las condiciones de seguridad dentro de los centros penitenciarios, a partir de los recientes incidentes registrados en cárceles del país y de la capacidad real del Estado para garantizar simultáneamente custodia, seguridad, integridad física y derechos humanos.
El funcionario adujo que instan a políticas de prevención pero como se trata de un “sistema obsoleto”, se crean medidas “de reacción”.
“A esto se le suma el hacinamiento, que hay un 300% de sobrepoblación. Actualmente hay 25 mil privados de libertad que son 4 veces más de la capacidad estimada”, dijo.
Mencionó que se sanciona el delito de la “talacha” como el pago ilegal de extorsión por no sufrir vejámenes en la cárcel, y citó un cambio impulsado desde la Oficina, en el que el Congreso recientemente “les volvió a hacer caso”.
“Se presentaron dos artículos en la nueva ley antilavado, sobre que se genera una estandarización para personas condenadas por lavado. Es una perfilación. Lo que pasa es que estas personas son doblemente sancionados, con la cárcel y la multa que tienen que pagar, pero como no pueden pagar, se hace una conversión con más días de cárcel. Hay personas que ya pasaron 20 años de prisión por el delito por lo que hay que poner estrategias más inteligentes”, dijo.
Añadió que con esto se reducirá por lo menos 2 mil personas bajando el hacinamiento, más allá que el costo de mantener a un privado de libertad por día es de Q86, lo que resulta en Q800 millones al año con la cantidad de reclusos actuales.
Ríos también resaltó la mora judicial y la crisis por la prisión preventiva. “Les hacen saber su motivo de detención pero la primera declaración no se da porque el juez tiene otras audiencias o el MP no está preparado, etcétera”, indicó.
El funcionario aseguró que en la Oficina no ordenan traslados a otras cárceles y explicó que recomendaciones de aislamiento o cambios dentro de un penal por enfermedad u otros aspectos, sí están vigentes con directores.
En relación al autogobierno en las cárceles, el relator añadió que los modelos de granjas de rehabilitación, de las cuales existían 3, funcionaron en los años 80, pero el gran problema fue que hubo “falta de controles”. “Esto se resuelve con voluntad política. Guatemala no es una sociedad coyuntural hablando como un país de Suramérica, que no hay pandillas, sino grupos que se disputan el control en las cárceles. Los privados de libertad tienen derecho al trabajo, pero disfrazan ciertos negocios y generan extorsiones”, explicó.
Ríos además criticó las malas condiciones de los guardias de seguridad que calificó como “deplorables” y llamó a la dignificación del sector para mejorar su labor en los reclusorios.
“Urge una reforma del Sistema Penitenciario. El derecho es evolutivo porque la sociedad es cambiante, y no es lo mismo como se delinquía años atrás, como ahora. Ya el sistema no se puede adaptar a las necesidades y a los problemas que hay en Guatemala”, dijo.
El funcionario sugirió que se debe invertir por tecnología en las cárceles, así como una nueva política para aumentar el salario a los guardias penitenciarios, y aplicar la segmentación de reclusos.
