La decisión fue 6-3 con el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, escribiendo para la mayoría conservadora.
Los estados liderados por republicanos y los conservadores que cuestionan el programa dicen que equivale a un intento ilegal de borrar un estimado de US$ 430.000 millones de deuda de préstamos estudiantiles federales bajo el pretexto de la pandemia.
“El plan integral de cancelación de deuda del secretario no puede llamarse justamente una exención: no solo anula las disposiciones existentes, sino que las aumenta y amplía drásticamente”, escribió Roberts. “Por amplio que sea el significado de ‘renunciar o modificar’, ese lenguaje no puede autorizar el tipo de reescritura exhaustiva del estatuto que ha tenido lugar aquí”.
La Casa Blanca trató de utilizar la autoridad de la Ley HEROES para condonar la deuda.
Roberts dijo que el Gobierno necesitaba la autorización directa del Congreso.
“La cuestión aquí no es si algo debe hacerse; es quién tiene la autoridad para hacerlo”.
Los disidentes liberales dijeron que la mayoría está básicamente tomando decisiones políticas.
“La Corte actúa como si fuera un árbitro de disputas políticas y normativas, más que de casos y controversias”, escribió la jueza Elena Kagan.
Acusó al tribunal de sustituir “una vez más al Congreso y al Poder Ejecutivo, y a los cientos de millones de personas a las que representan, en la toma de las decisiones políticas más importantes y controvertidas de esta nación”.
La decisión de la Corte Suprema significa que los prestatarios a quienes iba destinado el plan de Biden no recibirán ningún alivio. Las obligaciones de pago mensuales que se interrumpieron durante la pandemia de covid-19 vencerán a partir de octubre.
La Casa Blanca ha dicho que recibió 26 millones de solicitudes para el programa antes de que un tribunal de primera instancia de Texas emitiera una orden judicial a nivel nacional en noviembre, y que 16 millones de esas solicitudes habían sido aprobadas para el alivio.
El plan habría ayudado a los prestatarios que ganan menos de US$ 125.000 al año (US$ 250.000 para los hogares) en 2020 o 2021. Argumentó que el programa de alivio era necesario para evitar una oleada de impagos o morosidad para los afectados por covid que tienen préstamos pendientes.
La “doctrina de cuestiones importantes” y el poder ejecutivo
Según Steve Vladeck, analista de CNN en temas de la Corte Suprema y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, la sentencia es “otra ampliación de la llamada ‘doctrina de las cuestiones importantes’, que permite a los jueces federales anular cualquier política federal de ‘importancia económica o política’ porque el Congreso no fue lo suficientemente claro al autorizarla”.
Kagan, a la que se unieron las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, arremetió contra el fallo del tribunal y la tendencia más amplia de decisiones de la mayoría conservadora que limitan la discreción del poder ejecutivo bajo una doctrina legal conocida como la “doctrina de las cuestiones importantes” o “major questions doctrine”.
Kagan calificó la teoría jurídica, que dice que el Congreso debe pronunciarse específicamente al otorgar a las agencias del poder ejecutivo la autoridad para emprender acciones agresivas de gran trascendencia económica y política, de doctrina “fabricada judicialmente” e “inventada”.
Su discrepancia planteó la posibilidad de que la doctrina se esgrima contra programas gubernamentales emblemáticos como Medicare.
“La decisión de hoy, por tanto, desplaza los objetivos para activar la doctrina de las cuestiones importantes”, escribió. “Quién sabe: el año que viene, el secretario de Salud y Servicios Humanos puede verse incapacitado para aplicar el programa Medicare en virtud de una amplia delegación debido al (enorme) ‘impacto económico’ de sus acciones”.
