A diferencia de procesos electorales anteriores, el del 2023 pasará a la historia como uno de los más impugnados de la era democrática.

En los 9 procesos anteriores, una vez oficializado el proceso a escasos 3 días de pasada la primera vuelta, en el mejor de los casos, se iniciaba la campaña electoral para la segunda vuelta, sin embargo para el proceso actual, tan solo 24 horas después de cerradas las mesas receptoras de votos, los alegatos no se hicieron esperar.

La noche del 30 de junio, 9 partidos políticos presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad alegando fallas en el conteo de votos y anomalías en las actas, por lo que solicitan un reconteo de los votos. Un día después, el 1 de julio, la máxima corte del país otorga un amparo provisional y ordena al Tribunal Supremo Electoral repetir los escrutinios de todos los distritos y verificar que se haya hecho un buen conteo de los votos.

El lunes 3 de julio, las juntas electorales departamentales reunieron nuevamente a los fiscales de los partidos acreditados para cada distrito y así revisar nuevamente las actas. Las agrupaciones políticas solicitaban que se abrieran las cajas para contar voto por voto, sin embargo las juntas rechazaron las peticiones al indicar que hacer dicha acción los haría incurrir en un delito.

Cuatro días de revisión, concluyó con alegatos de fraude y de incumplimiento por lo que 3 agrupaciones políticas solicitaron una debida ejecución ante la Corte Suprema de Justicia, quienes el 10 de julio anunciaron que no accederán a la petición de los partidos, pues tras hacer el análisis respectivo, se determinó que el Tribunal Supremo Electoral cumplió con lo ordenado, por lo que debería proceder a la oficialización de los resultados.

Dos semanas y media después de realizada la primera vuelta electoral, el 12 de julio, se esperaba una conferencia de prensa por parte del Tribunal Supremo Electoral para oficializar los resultados, sin embargo, a las 5 de la tarde ese día, el Ministerio Público mediante sus redes sociales daba a conocer una investigación que se habría emprendido contra el partido Movimiento Semilla.

En un video, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, informaba que se habría procedido contra esta agrupación al determinar que en 2018, partido había utilizado información alterada para inscribirse al registro de ciudadanos y asegura que se ubicaron al menos 5 mil firmas falsificadas además de la utilización de datos de 12 personas fallecidas para ese momento.

Aunado a esto, se informa que se solicitó al Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal la suspensión de la personería jurídica del partido Movimiento Semilla, por lo cual este no podía participar con sus candidatos en la contienda electoral, siendo el juez Fredy Orellana, quien avalara la orden y ordenara al Registro de Ciudadanos que en un plazo de 24 horas procediera a la suspensión.

Una hora después, los magistrados del Tribunal en conferencia de prensa, dan a conocer los resultados oficiales de la elección, indicando que el binomio Sandra Torres Y Romeo Guerra de la Unidad de la Esperanza alcanzó 888 mil 924 votos siendo el primer lugar de dicha elección, mientras que el binomio Bernardo Arévalo y Karin Herrera del Movimiento semilla alcanzaron el segundo lugar con un total de 653 mil 486 votos, por lo que estos serían los partidos que pasan a segunda vuelta, en donde los guatemaltecos deben elegir al próximo presidente.

En la misma conferencia se indica que dada la conflictividad de estos lugares, se procederá a repetir las elecciones en: Yepocapa, Chimaltenango; San Martín Zapotitlán, Retalhuleu; San José Del Golfo, Guatemala; San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez y San Bartolomé Jocotenango, Quiché.

Al filo de la medianoche, personeros de Movimiento Semilla, se presentan ante la Corte de Constitucionalidad para entregar un amparo solicitando que se suspenda la orden emitida por el juez Orellana ante la amenaza de dejarlos fuera del proceso electoral.

La mañana del 13 de julio, personal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad se hace presente al Registro de Ciudadanos para iniciar un allanamiento en dicha sede y así extraer información relacionada con los registros de afiliación del partido Movimiento semilla.

A las 3 de la tarde, el Registro de Ciudadanos anuncia que no procederá a cumplir con lo ordenado por Orellana, pues basados en lo que indica la Ley Electoral y de Partidos Políticos, no se puede proceder a suspender un partido político cuando exista una convocatoria a elecciones generales, además de considerar que el juzgador se habría extralimitado en sus funciones.

Simultáneamente, la Corte de Constitucionalidad otorgó amparo provisional al movimiento Semilla y deja en suspenso temporal la orden de Orellana de suspender el partido asegurando que mientras exista dicha convocatoria no se puede proceder a la suspensión hasta que no concluya el proceso electoral, así mismo da luz verde para que el Ministerio Público continúe su investigación sin que esto entorpezca el proceso electoral.

Cuatro días después, se conoce que el Tribunal Supremo Electoral, otorga autorización para que el registrador de ciudadanos, Ramiro Muñoz, salga de vacaciones dejando de forma temporal en sus funciones a la sub registradora, Eleonora Castillo.

El 20 de julio, FECI realiza un nuevo allanamiento, esta vez en la sede del departamento de Recursos Humanos del Tribunal, en donde busca información relacionada con Castillo y así mismo una orden de captura en contra de ésta, al asegurar que había desacatado la orden del Juez al no proceder a la suspensión del partido político.

El viernes 21 de julio, FECI realiza un nuevo allanamiento en la sede del partido Movimiento Semilla en busca de información relacionada con el caso, así mismo Curruchiche confirma la existencia de dos órdenes de captura de personas vinculadas a la agrupación.

Mientras esto se dilucida, el partido Movimiento Semilla ha solicitado diversos recursos que intentan dar marcha atrás a la orden de Orellana de suspender la agrupación, pero a la fecha todos los recursos interpuestos han sido rechazados.

Ante la incertidumbre, organizaciones también presentaron amparos ante la Corte de Constitucionalidad, pero esta ha sido enfática en asegurar que desde que se otorgó el amparo al partido, se ha garantizado que se realice la segunda vuelta electoral por lo que dicho extremo no se debe vulnerar y el proceso debe seguir su curso.

Tras la coyuntura y a petición del consejo permanente de la Organización de Estados Americanos, el secretario general de la entidad, Luis Almagro arriba a Guatemala el 1 de agosto para verificar la situación política del país, reuniéndose con el presidente de la república, diputados, Ministerio Público, Corte de Constitucionalidad y los candidatos de ambos partidos que disputaran la segunda vuelta electoral.

El 10 de agosto, Almagro presenta su informe, en donde destaca que hay voluntad institucional para que se realice la segunda vuelta electoral y en donde indica que el presidente Alejandro Giammattei está en la disponibilidad de entregar el cargo el próximo 14 de enero como la ley lo indica, sin embargo se señala que existe preocupación por la judicialización del proceso electoral afirmando que hay grupos en el país que quieren mantener sus actos de corrupción y quieren permanecer con poder.

La OEA indicó que permanecerá en observación a modo que se cumpla la carta democrática de la organización hasta el relevo de poder en 2024.

El jueves 17 de agosto el Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, dio a conocer avances de la investigación contra el partido Movimiento Semilla en el que aseguró que han encontrado más inconsistencias y posibles anomalías en la elección.

Mientras tanto, en esta última semana, los partidos Movimiento Semilla y Unidad Nacional de la Esperanza, han cerrado sus campañas a la espera de los resultados de este 20 de agosto y así conocer, quién será el próximo presidente del organismo ejecutivo.

Redacción: Sergio Osegueda