En el espacio de análisis de ALas845, se discutió la decisión del juez Jimi Bremer de ligar a proceso a Claudia González por supuesta investigación ilegal contra Blanca Stalling.
Los participantes fueron, Freddy Sánchez, catedrático universitario; y Ludwin Villalta, Doctor en Derecho.
El análisis se dio al inicio por el hecho que González se presentó a la primera declaración luego de más de 24 horas, extendiéndose del margen que da la ley. Sánchez criticó este procedimiento.
“Es una mala práctica que se tiene que el plazo de la primera declaración no se cumpla. A veces el abogado pide un plazo mayor a las 24 horas, pero en casos especiales. Pone en peligro la administración de justicia en los derechos que tienen las personas para ser escuchadas en un plazo razonable”, dijo.
Villalta se sumó al rechazo e indicó que el Estado no puede desligarse de estos derechos pues podría incurrir en violaciones a los derechos humanos que acarrearían sanciones.
“Puedo advertir que este caso tiene mucho que discutirse. Esto por sus raíces, los derechos humanos y en el sistema de administración de justicia. Los cambios que se hicieron hace poco, se debieron por la responsabilidad del Estado de Guatemala y por eso se crearon los juzgados de turno para que se escuchara a los capturados en 24 horas”, indicó.
Otro de los aspectos resaltados, fue clarificar si la referida abogada era funcionaria pública estando en la Cicig, por el delito que se le endilgó de abuso de autoridad.
“Habría que definir quién le cancelaba, si el Estado o la Cicig. No necesariamente el mandato quiere decir que yo sea responsable de las circunstancias que me ordenaron. Quizá se usurparon otras funciones, que haya rebasado las funciones que tenía en el mandato, y esto no necesariamente se encuadre en el delito de abuso de autoridad”, señaló.
Villalta también resaltó este aspecto y puso en duda que el juzgador haya decidido dejarla en prisión preventiva ante la posibilidad de una fuga.
“Me encantaría ver los argumentos que tuvo el MP y los razonamientos del juez para determinar que era funcionaria y que había peligro de fuga. Lo preocupante es que se le quisiera notificar por escrito y que su primera declaración fue luego de una exhibición personal. Luego sí puede haber vulneración a derechos por parte del Estado”, explicó.
