La agente fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Leonor Eugenia Morales Lazo, envió un oficio al pleno del Tribunal Supremo Electoral advirtiendo que, de no ratificar la cancelación del partido Movimiento Semilla, podrían enfrentar investigaciones penales.
La cancelación de Semilla, partido que llevó a Bernardo Arévalo a la presidencia, fue ordenada por el juez Fredy Orellana
el Registro de Ciudadanos acató la orden, y ahora corresponde al pleno del TSE resolver una apelación presentada por Semilla.
En el documento, la fiscal sostiene que cualquier acción que “limite, restrinja o impida” el cumplimiento de la orden judicial podría ser considerada un acto punible. Además, recordó a los magistrados que la responsabilidad penal podría derivarse de decisiones contrarias a la orden judicial.
El oficio también hace referencia al artículo 9 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, sugiriendo posibles sanciones para quienes protejan indebidamente a señalados en este caso.
La fiscal Morales, al igual que el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, y el juez Orellana, ha sido sancionada por varios países y organismos internacionales por su papel en lo que han denominado un intento de golpe de Estado para la transición de mando y la toma de posesión de Arévalo y su vicepresidenta, Karin Herrera.
La cancelación del partido se fundamenta en denuncias de falsificación de firmas durante su inscripción y presunto financiamiento irregular en la campaña electoral. Aunque Semilla ha negado las acusaciones, la FECI solicitó recientemente el retiro de inmunidad de Arévalo para investigarlo.
El Congreso reformó el 26 de noviembre el artículo 82 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, utilizada para justificar la cancelación de Semilla. Sin embargo, el juez Orellana ordenó nuevamente la cancelación, pese a que la LEPP establece que el TSE es la única autoridad competente para este proceso.
Actualmente, el pleno del TSE está integrado por magistrados suplentes, luego de que el MP emprendiera procesos contra los titulares por un caso de presunta sobrevaloración de un programa informático.
