Han pasado veinte años desde el asesinato de la estudiante de Derecho
Claudina Isabel Velásquez Paiz, ocurrido la madrugada del 13 de agosto
de 2005 en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala. El caso, que en su
momento generó indignación nacional e internacional, sigue sin
resolverse plenamente y hoy vuelve a estar en discusión con nuevas
líneas de investigación que reabren viejas preguntas.
El señalamiento inicial
En los primeros años, la atención se concentró en Claudio Virgilio Cana,
un taxista mencionado en las diligencias. Su nombre incluso figuró en
los listados de cotejo de ADN elaborados por el Ministerio Público, junto
a otras personas cercanas a la víctima. Sin embargo, Cana nunca
enfrentó juicio en Guatemala: ya se encontraba en Estados Unidos,
donde fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de su prima.
La imposibilidad de practicar pruebas forenses en territorio nacional
cerró esa línea de investigación. Actualmente, Cana guarda prisión en el
Estado de Florida, dentro del sistema de correccionales de dicho estado,
específicamente en la Sumter Correctional Institution, donde cumple su
condena bajo custodia del Departamento de Correcciones de Florida
(FDC).
Según el Escrito de Alegatos Finales del Estado de Guatemala,
presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 22 de
mayo de 2015, se llevaron a cabo múltiples peritajes científicos a varios
posibles implicados, pero los resultados fueron negativos. El documento
enfatiza que, pese a los esfuerzos del Ministerio Público, no se logró
individualizar a un responsable directo.
Una causa emblemática
El proceso judicial se convirtió en un símbolo de la lucha contra la
violencia hacia las mujeres. En 2015, el caso fue conocido por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, donde la familia Velásquez Paiz
denunció negligencias y falencias en la investigación. El tribunal
internacional reconoció fallas estatales y ordenó medidas de reparación,
situando el caso entre los más emblemáticos de la región en materia de
impunidad frente a la violencia de género.
Dos décadas después
En 2025, el expediente sigue abierto. Según fuentes cercanas a la
investigación, el Ministerio Público ha retomado líneas de indagación que
parecían agotadas años atrás. Se habla de la posible incorporación de
otros señalados, aunque sin que hasta ahora se hayan hecho públicos
avances concluyentes.
