En el espacio de análisis de ALas845 discutimos sobre el tema, “Ley antilavado 2025: ¿Puede Guatemala evitar la lista gris y reforzar su sistema financiero?”.
Los invitados Juan Fernando Argueta, intendente de Verificación Especial en funciones; y José Estuardo Córdoba, director ejecutivo de la Cámara de Finanzas, discutieron sobre la iniciativa de ley 6593, “Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo” presentada por el Ejecutivo y que aún está por ser discutida en el Congreso.
Argueta recordó que en 2004 el país fue incorporado a la lista negra lo que provocó la normativa en mención.
“Generó una estructura a nivel institucional, con la creación de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), la fiscalía especializada y juzgados. En ese mismo año, Guatemala fue desligada a la lista”, dijo.
Córdoba declaró por su lado que la legislación va enfocada al crimen organizado, y destacó su importancia pues éste “no conoce fronteras”.
“Guatemala como parte del esfuerzo GAFI, debe actualizar su normativa, como país cooperante. GAFI da recomendaciones con el tiempo, para que podamos los países actualizar nuestra legislación interna”, dijo.
Añadió que en 2016 GAFI visitó por última vez el país y recomendó actualizaciones, para que en el 2027 verifique si se han cumplido.
“No significa que tengamos hasta el 2027 para que se aprueba la normativa, sino que se verificará si se está cumpliendo contra el lavado. Hay urgencia para aprobar este tema para que el próximo año se esté implementando. Quien lava dinero es cada vez más creativo para hacerlo, con estratificación y múltiples capas y lo que busca la iniciativa es actualizar al mundo de hoy, para perseguir el dinero con fines criminales”, señaló.
Argueta añadió que el tema puntual es que el delito de lavado es “amplio”, pues considera cualquier acción que busque generar recursos con fines ilícitos.
“Las entidades generan reportes de transacción sospechosa y la IVE genera el análisis. Si hay conclusión de delitos, se generan las denuncias. El lavado de dinero es amplio y encuadra en donde se generen recursos de un ilícito”, explicó.
Córdoba insistió en la ampliación del universo de personas que pueden ser sancionadas, y dijo que una de las ampliaciones que generan polémica, son los notarios.
“Una de las particularidades del lavado es la compra de activos de algo valor, como bienes raíces. Como compra venta que autoriza un notario”, agregó.
Argueta explicó las razones sobre que el monto de denuncias ha incrementado, y refirió que la IVE ha buscado contar con personal en “analítica de datos”.
“Esto se ha potencializado, no solo con herramientas de inteligencia, sino con personal calificado. El giro ya no es generar una denuncia por un caso individualizado, sino un trabajo integral, en donde se trasladan denuncias de no solo una persona, sino de redes criminales”, resaltó.
Córdoba citó la recién aprobada ley antipandillas, con las reformas a varios delitos. “Este esfuerzo de avanzar con la iniciativa 6593, va en línea de esto”, replicó.
“Si uno corta el financiamiento de estos grupos criminales, al final se van. La ley que tenemos debemos actualizarla para que haga efecto”, dijo. Además, señaló los riesgos para el país si la actualización no se implementa.
Argueta por su lado indicó que los sujetos obligados son quienes tienen relación directa con el cliente, por sus transacciones.
Consultado por la detección de lavadores y los controles que parecen no parejos para el ciudadano común, Córdoba citó la solicitud de requisitos.
“La ley exige muchos requisitos, por eso necesitamos que la iniciativa avance para beneficio de todos, pues busca establecer un enfoque basado en riesgo. Si se tiene con alguien una relación financiera de siempre, no se pedirá muchos detalles, solo si hay nuevos movimientos”.
Sobre datos de sentencias, Argueta narró que la IVE genera denuncias, pero se busca que tengan una incidencia.
“El esfuerzo es una cadena de valor que se genera con el tiempo. Esta normativa es importante modernizarla, para que las instituciones que participan hagan su trabajo que corresponda. No basta solo con la cantidad de transacciones sospechosas o denuncias, sino que se traduzcan en sentencias y la desarticulación de bandas”, dijo.
Córdoba explicó que la coyuntura marca “un norte” para la iniciativa. “Viene a caer en momento justo por la coyuntura, con las cárceles y las pandillas como terrorismo. Es importante recordar las consecuencias que traería si no es aprobada, y se podrá recordar la dificultad de salir de la lista negra. Si hay un bloqueo internacional, repercutirá en el sector financiero encareciendo los créditos; es decir, un acceso más caro a los créditos”, dijo.
La entrevista completa:
