CANG denuncia a Fredy Orellana por posibles faltas éticas y violaciones constitucionales
El Colegio de Abogados acciona ante la Junta de Disciplina Judicial pues considera que el juzgador ha emitido resoluciones que contravienen la Constitución.

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El Colegio de Abogados denunció al juez Fredy Orellana ante la Junta de Disciplina Judicial por posibles faltas éticas y violaciones constitucionales.

La acción se suma a la advertencia reciente de la Corte de Constitucionalidad, que lo señaló por posible prevaricato

El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala presentó una denuncia formal ante la Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial en contra del juez Fredy Raúl Orellana Letona, señalándolo por posibles violaciones a los principios éticos y constitucionales que rigen la judicatura.

Según el comunicado del gremio, la acción se basa en la emisión de resoluciones que contravienen la Constitución Política de la República, al poner en riesgo el equilibrio entre los poderes del Estado y afectar la confianza ciudadana en la administración de justicia.

El Colegio sostiene que Orellana habría transgredido los principios de imparcialidad, independencia y responsabilidad, lo que amerita una investigación disciplinaria que podría derivar en sanciones o destitución.

El pronunciamiento del CANG ocurre días después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolviera la debida ejecutoria de la sentencia dentro del expediente 6175-2023, que confirmó los resultados de las Elecciones Generales de 2023. En esa resolución, emitida el 29 de octubre, los magistrados advirtieron al juez Orellana por la posible comisión del delito de prevaricato, al haber decretado la nulidad “absoluta” del partido Movimiento Semilla y girado oficios al TSE y al Congreso de la República.

La CC recordó que su sentencia fue clara al establecer que toda autoridad debe garantizar la culminación de la última etapa del proceso electoral y velar por la protección de la democracia y los derechos políticos de los guatemaltecos.

En su resolución, la Corte también recordó que las actuaciones de Orellana “podrían considerarse que conllevan riesgo a la constitucionalidad y a la institucionalidad del país”, al contravenir disposiciones constitucionales y principios sobre los que descansa el régimen democrático, republicano y representativo del Estado.

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